El Tribunal Supremo desestima el recurso de once ayuntamientos contra el cierre de la línea de tren entre Utiel y Cuenca

Once municipios, pertenecientes a las provincias de Cuenca, Valencia y Madrid, pidieron suspender el acuerdo al entender que, si se ejecutase lo acordado, se causaría un grave perjuicio a los ayuntamientos, de difícil reparación, por cuanto la infraestructura estaría retirada del trazado, impidiendo que en el supuesto de una eventual estimación de la demanda el servicio de tren en la línea suprimida pudiera restablecerse.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado sus alegaciones al considerar que los municipios afectados han tratado de «alegar una supuesta ilegalidad del acto recurrido sin aportar elementos probatorios concretos que acrediten la arbitrariedad o la vulneración de derechos». De tal modo, el Tribunal Supremo considera que «no existe fundamento legal que justifique su anulación».

Los pueblos que presentaron el recurso para evitar que el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros se hiciese efctivo con la clausura de la línea alegaron que el cierre podía suponer un perjuicio importante a nivel económico y social para la población de la zona. Sin embargo, el contencioso-administrativo ha concluido, según el informe de la empresa estatal INECO que describe el estado actual de la línea, que el tramo ferroviario no alcanza los umbrales mínimos establecidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2017, especialmente en cuanto a la ratio de compensación por viajero y recurrencia.

Respecto a la justificación social del cierre de la línea, la sentencia explica que no deriva del informe de INECO, sino en especial del Protocolo General de Actuación para el desarrollo de un proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca, asociado al cambio de uso del tramo Tarancón Utiel de la línea entre Aranjuez y Valencia Fuente de San Luis, de fecha de 9 de marzo de 2022, suscrito por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca, el Ayuntamiento de Cuenca y ADIF.

Por tanto, el Tribunal Supremo entiende que el Consejo de Ministros ha dispuesto de la información suficiente para poder adoptar la decisión de la clausura del tramo ferroviario Tarancon-Utiel, desde la perspectiva de la valoración del interés social.

En ese sentido, el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo incluye mejoras en la movilidad regional incrementando los servicios ferroviarios AVANT en la línea de alta velocidad Madrid-Cuenca-Albacete, y la extensión de servicios alternativos de transporte público en las localidades afectadas. Además, según explica la resolución, el acuerdo también pretende llevar a cabo una actuación acorde con el cuidado medioambiental de la zona, al incluir la conversión del tramo en una «vía verde» destinada a peatones y ciclistas.

«A juicio de esta Sala, estas medidas buscan transformar el impacto de la clausura en oportunidades para el desarrollo social y económico de la región, lo que justifica el cierre de la vía de ferrocarril desde la perspectiva de la rentabilidad no solo económica, sino también, y en especial, social», ha concluido el Tribunal Supremo.