El tributo por pernoctar en la Comunitat, sin un modelo claro ni apoyos suficientes

La idea de un impuesto en las pernoctaciones no goza, por lo pronto, de un apoyos holgado en Les Corts y, mucho menos, en el sector, que se opone de plano. Aunque Podemos ha dado algunos detalles sobre el modelo que quiere, lo cierto es que las especulaciones en torno al cómo se haría, a quién se aplicaría y en qué se destinaría no han parado de sucederse.

«Primero se habló de tasa autonómica, después municipal, ahora finalista, luego abierta...», se manifiesta desde la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat. «Algunos quieren que sean los municipios los que decidan el destino de la tasa, pero algunos ya han dicho que no la quieren. Hay una gran indefinición, no hay consenso ni siquiera», critica Luis Martí, presidente de la patronal. En todo caso, su negativa no es al cómo sino al qué y cerca de 60 patronales han firmado un manifiesto contra la tasa.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también señaló que se trata de una iniciativa sobre la que hay que «reflexionar» y que no está «cerrada ni tasada». En ese sentido, formuló una serie de interrogantes, como por ejemplo, cuándo se aplicaría; sobre qué contenidos; si será plana para todos o tendrá en cuenta las diferentes realidades turísticas o si será la misma para todo el territorio de la Comunitat, interior o costa.

Mientras tanto, Podemos asegura que está reuniéndose con el sector estos días. En un primer paso, el diputado David Torres ya avanzó esta semana que barajan una horquilla del 0,5 y de 2 a 5 euros, que no suponga más del 2% del coste, y que sería progresivo en función del nivel del alojamiento, con excepciones para menores de 16 años o pensionistas, además de descuentos en temporada baja. También añaden que sería finalista para que revierta en el sector y abogan por un tipo de gestión mixta entre la Generalitat y los ayuntamientos.

Pese a ello, los empresarios se aferran a la negativa. «La Comunitat tiene uno de los ratios de gasto por turista más bajos de España. No tiene sentido compararla con Cataluña y Baleares», explica Martí, quien insiste en que el principal objetivo del Consell debe ser acabar con los alojamientos ilegales. «Esos 48 millones de euros que dicen que se recaudarían con la tasa no serían nada en comparación con lo que generaría la regulación de la oferta sumergida», concluye.