Los trucos de Hacienda para rastrear y encontrar los alquileres que no se declaran

Los arrendamientos de inmuebles que se realicen en lo que queda de año, sean viviendas. no, se deben declarar en la próxima de la Renta 2023. Según la Agencia Tributaria, el propietario o usufructuario de una vivienda en alquiler no puede librarse de rendir cuentas sobre sus ingresos en la declaración de la Renta porque, con carácter general, son rendimientos del capital inmobiliario.

Desde 2016, la Agencia Tributaria está enviando notificaciones regularmente a los contribuyentes, para que declaren las rentas que consiguieron a través del arrendamiento de viviendas, y otros inmuebles. Al considerarlos como rendimientos del capital inmobiliario, por lo que hay incluirlos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de forma obligatoria. El tratamiento fiscal será distinto en caso de que para dicho alquiler, el contribuyente tenga, al menos, a un empleado con contrato laboral y a jornada completa. En dicha situación, los ingresos se incluirán como rendimientos de actividades económicas.

Según ha publicado el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, en el último informe de 2022 de lucha contra el fraude, el fisco tenía previsto enviar notificaciones a 661.000 contribuyentes. De hecho, en los últimos siete años estiman la incorporación de 1.182.000 declaraciones que afloraron rendimientos inmobiliarios.

Este plan ha permitido controlar rendimientos de capital inmobiliario con una mayor base imponible declarada por importe de 7.757 millones de euros y una mayor recaudación asociada a estas campañas de 933 millones, según destaca Expansión. «El control de alquileres sumergidos es de especial relevancia en el ámbito de la lucha contra la actividad no declarada, donde sigue destacando el efecto inducido que está suponiendo el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del Impuesto sobre la Renta», apunta.

Generalmente, los inspectores de Hacienda trabajan en un sistema de vigilancia que, junto a la colaboración entre Administraciones, detecta esos alquileres no declarados.

Por un lado, la inspección cuenta con el suministro por parte de las CCAA de la información sobre las fianzas incluidas en los depósitos de fianzas en los organismos autonómicos. Un trámite obligatorio en el contrato de arrendamiento, tal y como figura en el artículo 36 de la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU): «A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda».

No obstante, la Agencia Tributaria tiene otras formas de saber si una vivienda está arrendada o no. Por ejemplo, durante este 2023 continúa el intercambio de información respecto a los certificados de eficiencia energética registrados en el ejercicio anterior. Así, para poder formalizar un contrato de compraventa o alquiler es obligatorio presentar el certificado de eficiencia energética de la vivienda.

Asimismo, Hacienda analiza las resoluciones definitivas de ayuda concedidas por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, junto con la relación de números de referencia catastrales a los que se refieran. También es muy fácil saber si alguien ha comenzado a arrendar un inmueble, al cruzar el suministro de la luz o el consumo de agua para saber si en una vivienda vacía, que no es la vivienda habitual de nadie, tiene consumos regulares.

Pero no solo queda aquí, «una de las formas de trabajar de los inspectores es a través de la vigilancia de los portales inmobiliarios, además de los bancos, algo que también está ocurriendo en la vigilancia a los alquileres turísticos, que de hecho es uno de los que más ha aumentado», desvelan desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

Los últimos datos de los Técnicos de Hacienda (Gestha) apuntan a que en España hay, aproximadamente, 1,28 millones de alquileres en negro, lo que significa que cuatro de cada 10 alquileres, no se declaran.

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