El TSJ anula varias medidas del Botánico contra las inmobiliarias

El Registro de Agentes de Intermediación Inmobiliaria de la Comunitat Valenciana que puso en marcha el Consell del Botánico en 2022 deberá modificar varios de sus requisitos al ser anulados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia en la que estima parcialmente un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y declara nulas determinadas exigencias relativas a la solvencia y la capacitación de los profesionales del sector. Algunos de estos requisitos son obligar a tener aval o seguro de caución de 60.000 euros (de 300.000 para los agentes que realicen su actividad exclusivamente de forma telemática) o la contratación de un seguro de responsabilidad civil profesional de 100.000 euros (600.000 en el caso de la actividad exclusivamente telemática). Los magistrados consideran que el Decreto 98/2022 de 29 de julio del Consell, que regula este registro, no incorpora la motivación cualificada que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para establecer limitaciones como las analizadas sin vulnerar la libre competencia en el sector.

«A nuestro parecer, establecer una cuantía determinada aun cuando sea mínima impide la entrada de empresas en el mercado sin suponer una mejora para los consumidores», recoge la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo (TSJ). Para la Sala, la fijación de esas cantidades fijas para garantizar la solvencia de los profesionales «conlleva a priori una limitación al acceso a dicha profesión». Así, entiende que habría sido «más equitativo establecer una adecuación de los avales y seguros en atención al volumen de las operaciones o entidad financiera de los agentes dedicados a la mediación inmobiliaria».

Del mismo modo, el Tribunal no encuentra justificación y califica de «desigual y notablemente discriminatorio» exigir una cuantía mayor a los agentes inmobiliarios que funcionen de forma telemática. La sentencia también declara la nulidad de otras restricciones, como la obligación de los agentes que intermedien de forma no habitual y sin retribución de comunicar a la Administración su actividad cuando presten más de dos servicios en los últimos 12 meses.