El TSJ de Madrid admite los recursos contra la macroplanta solar Magda en Castellón

Según explican los demandantes, recurrir al juzgado «era la única manera de parar el proyecto» después de que el Ministerio para la Transición Ecológica desestimara (por silencio administrativo) los más de sesenta recursos de alzada presentados contra la resolución del 24 de abril de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorgaba la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica.

El proyecto es promovido por la compañía francesa Akuo y ocuparía 250 hectáreas tras reducir el tamaño original a petición del Ministerio. Además del parque solar, consta también de una infraestructura de evacuación que afecta a los municipios de les Coves de Vinromà, Vilanova d'Alcolea, la Torre d'en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, La Vall d'Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora.

«La Asociación Nostra Terra, junto con otras plataformas de la provincia, lleva más de dos años de lucha continuada contra este proyecto que, si llega a ejecutarse, causaría graves daños en la provincia, pues pretende ocupar territorios de alto valor agrícola y las líneas de transporte se extenderían a lo largo de más de 50 kilómetros, afectando a 13 municipios», señalan desde la asociación.

El proyecto inicial había sido modificado por la promotora tras las exigencias del ministerio, que solicitó dichos cambios a la hora de concederle la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Poco después de la obtención de la DIA, la empresa mandó cartas individualizadas a todos los propietarios y agricultores que tienen localizados para asegurarles que sus terrenos no serán expropiados y que la empresa sólo podrá ocuparlos si ellos aceptan la cesión o la compraventa de los mismos. «Esto lo hacemos porque vemos el temor de mucha gente. Nos hemos reunido varias veces con los que hemos podido pero queremos asegurarnos de que esto está claro. Nosotros queremos hacer las cosas bien», afirmó la directora de la firma en España, Eugenia Cerverón, a este periódico, en abril de 2023 con el objetivo de apaciguar las aguas sobre el revuelo que se había generado respecto al proyecto.

Sin embargo, esta esta estrategia no parece haber dado resultado, a tenor del nuevo capítulo que se abre ahora en los tribunales. «El proceso judicial requiere ahora de un alto coste económico y tanto Nostra Terra como otras entidades en defensa del territorio buscan apoyo económico y legal para financiar los costes», indican desde la asociación demandante. La Diputación de Castellón aprobó en el pleno celebrado el día 21 de mayo una modificación de crédito que, entre otros, incluye 5.000 euros para un convenio con la Asociación Nostra Terra.

«El macroproyecto Magda acumula en su tramitación informes negativos emitidos por la Generalitat Valenciana. Pero no son los únicos. Los ayuntamientos afectados se han opuesto al proyecto, y también la Diputación de Castellón se ha posicionado en contra, mediante alegaciones y recursos contra el mismo», insisten desde la asociación, que subrayan que aunque el proyecto inicial ha sido modificado, «continúa ocupando parcelas en les Coves de Vinromà, algunos de cuyos propietarios no han firmado conformidad alguna para la instalación». Según la plataforma, solamente se podría ejecutar mediante la expropiación.

Las protestas contra esta macroplanta fotovoltaica han sido continuas y multitudinarias desde que se conoció su existencia hace más de dos años. «El rechazo de la ciudadanía es total y sin precedentes. En el ayuntamiento de les Coves de Vinromà, los dos partidos políticos con representación -el PSPV en el gobierno y el Partido Popular en la oposición- trabajan conjuntamente desde que empezó el mandato municipal para frenar el Magda», subrayan.

Según indicó hace un año la promotora, el proyecto inicial fue maximalista porque se tuvo que presentar durante la pandemia, cuando no era posible realizar las reuniones pertinentes con todas las autoridades y comunidades vecinales. «Lo presentamos con unas características sabiendo que tendríamos que reducirlo, pero por ir adelantando trámites. En cuanto acabó el confinamiento y las restricciones más duras, pudimos retomar el proceso», señalaba en la misma entrevista.

Uno de los requisitos para este proyecto, que ocupaba 472 hectáreas en su diseño original, es que por cada hectárea ocupada se tenga que desarrollar 1,5 hectáreas de producción agrícola. Además, se estaban estudiando alternativas para la línea de muy alta tensión de 52 kilómetros.