La Unió defiende que las ayudas agrarias se den a los profesionales

La Unió de Llauradors a terciado en el debate sobre quiénes serán los destinatarios futuros de las ayudas de la PAC para defender que deberían de ser únicamente los agricultores y ganaderos profesionales.

Ante los continuos recortes de los fondos europeos y la evidencia de que no hay dinero para todo ni para todos, la cuestión se centra ahora en determinar de qué modo realizar las próximas normas de reparto para que con la aplicación de las ayudas se pueda conseguir la máxima eficacia posible.

La Unió se ha apresurado a señalar que «acoge positivamente» lo que anunció días atrás el ministro Planas, cuando avanzó que el beneficiario nato de las ayudas será el «agricultor genuino», nueva figura que se define así: que al menos el 30% de sus rentas provengan de producciones agrarias.

La Unió coincide con lo planteado por el ministro y recuerda que viene defendiendo desde hace tiempo que las ayudas deben destinarse a los profesionales del campo, en el convencimiento de que «es en los profesionales del sector en quienes se puede y se debe invertir para contar con un modelo agrario productivo y sostenible, porque son los que tienen vocación de quedarse en la actividad y en el territorio».

Se da el caso de que la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha criticado que con esta nueva fórmula para definir a los destinatarios de las ayudas de la PAC se van a quedar fuera de las mismas muchos miles de pequeños y medianos agricultores, cuyos ingresos del campo no llegan al 30% de sus rentas totales. Se trata de una consecuencia más de la peculiar distribución de la propiedad agraria en grandes áreas de la Comunitat Valenciana, dominadas por el minifundismo.

Sin embargo, La Unió ha razonado que la fórmula vigente hasta ahora, la del 'agricultor activo'. «no ha servido de filtro, y la mayor parte de los 173.000 beneficiarios que han salido del sistema en estos años se debe a la expulsión de los perceptores de menos de 300 euros por razones de simplificación administrativa». Por otro lado abundan entre ellos los «profesionales de sectores sin derechos históricos».

Pese a todo, La Unió sí que es partidaria de que se mantenga un régimen de ayudas a pequeños productores para «no excluir a determinados colectivos que pueden tener un componente social importante en el medio rural».

Al mismo tiempo está de acuerdo en que se ponga un límite máximo de ayudas para grandes explotaciones, pero propone rebajar el tope de 100.000 euros que se baraja para situarlo en sólo 60.000.