Valencia recupera el pulso financiero

Si el calendario se cumple, en el plazo de una semana, los consejos de administración de Bankia y CaixaBank tendrán sobre sus mesas los resultados de la 'due diligence' (auditoría legal) que les permitirá disponer de todos los datos para decidir si continúan o no con la operación de fusión anunciada el jueves. De materializarse nacerá el primer banco español por volumen de activos (unos 650.000 millones) y el décimo en la Unión Europea.

Esta integración permitirá terminar la página que comenzó a escribirse hace ocho años, en 2012, cuando las dos entidades financieras se acercaron en plena crisis financiera e inmobiliaria con el beneplácito del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero las aspiraciones de Rodrigo Rato, entonces presidente de Bankia, bloquearon el acuerdo, que sí veía con buenos ojos Isidro Fainé, presidente de CaixaBank en aquella época y actual presidente de Criteria Caixa y Fundación La Caixa.

Aquello precipitó el fin de Bankia (surgida tras la fusión de Bancaja, Caja Madrid y otras cinco cajas de ahorro), que fue nacionalizada unos meses más tarde, lo que supuso la liquidación de los restos del sistema financiero valenciano al diluirse definitivamente Bancaja y tras las intervenciones previas de la CAM y Banco de Valencia.

Caprichos del destino, su histórico edificio de la calle Pintor Sorolla alberga actualmente la sede social de CaixaBank, pues la entidad catalana adquirió Banco de Valencia por un simbólico euro en 2012 tras haber sido intervenido al Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia. En él se instaló –institucionalmente hablando– en octubre de 2017 a raíz del proceso independentista de Cataluña.

También Bankia tiene su domicilio en la calle Pintor Sorolla, en la antigua sede de Bancaja, por lo que si la entidad resultante de la fusión mantiene su sede social en la ciudad, Valencia recuperaría el peso y el prestigio perdidos con la debacle de su sistema financiero, además de obtener beneficios a largo plazo. Una permanencia que defienden la Generalitat y la patronal CEV frente a la pugna iniciada por Cataluña para recuperarla.

Porque, durante décadas, Valencia presumió de la potencia de su músculo financiero, con entidades como Banco de Valencia, CAM y Bancaja. Estas dos últimas, que llegaron a situarse entre las más importantes de España con La Caixa y Caja Madrid, fueron fruto de dos fusiones en 1991 y 1992, respectivamente, con cajas de ahorros de menor tamaño.

Todas con un denominador común: una gestión dependiente de las directrices políticas, a la que luego se sumaría una excesiva dependencia del ladrillo, como quedó patente en 2011 con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las tres recibieron miles de millones a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La primera en caer fue la CAM, a la que intervino el Banco de España en julio de 2011. Terminaría un año más tarde en manos del Banco Sabadell, que trasladó su sede social a la Comunitat (Alicante) tras el 1-O.

Casi en paralelo, ese noviembre, llegaba el turno del Banco de Valencia, que había estado presidido hasta un mes antes por el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas. Y, por último, Bancaja, que empezó a desdibujarse tras su integración en 2010 en el BFA mediante una fusión fría con Caja Madrid. En marzo de 2011 se lanzaría la marca comercial Bankia, cuya salida a bolsa marcaría el inicio de su caída. El lastre del ladrillo evidenció los números rojos y obligó a un rescate financiero y a la nacionalización del BFA.

Bankia, tras recibir unos 24.000 millones en ayudas públicas, realizó un plan de ajustes y saneamiento que le permitió en 2017 fusionarse con BMN. Su próximo paso le lleva a CaixaBank, que también empezó a operar como tal en 2011 tras una reestructuración.