Ayudas al alquiler: las medidas que el Gobierno ha aprobado en el Real Decreto

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 31 de marzo un paquete de medidas en materia de alquiler que contempla la suspensión de los desahucios seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas, una línea de microcréditos avalados por el Estado a devolver en 6 años o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, entre otros.

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Así lo anunciaron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, en la que han detallado las nuevas medidas del plan de choque del Ejecutivo contra el impacto económica del Covid-19.

Iglesias ha destacado que las medidas buscan ofrecer seguridad y protección a todas las personas para afrontar el impacto negativo de la crisis y ha subrayado las medidas para ofrecer el «derecho constitucional» de la vivienda, un bien «más imprescindible» ahora al ser la «trinchera» desde la que los ciudadanos se protege del virus, tras pedirles que permanezcan en casa para evitar contagios.

En concreto, se ha aprobado la suspensión de alzamientos sin alternativa habitacional hasta que se cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma para que «nadie se quede sin casa durante la crisis», así como una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitacional para evitar subidas abusivas aprovechando el Covid-19.

Además, ha indicado que, conforma al real decreto-ley aprobado, quien caiga en situación de vulnerabilidad puede acogerse a un microcrédito que dará el estado a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años ampliable a 10 en caso de dificultades.

A su vez, ha indicado que se recoge una definición «muy amplia» de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse al sistema, sumado a facilidades para devolución de los mismos, lo que permitirá que un «gran número» puedan acogerse, por ejemplo para parados, trabajadores inmersos en ERTE o reducción de jornada o autónomos con ingresos reducidos.

Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará la deuda de alquiler, ha detallado Iglesias, quien ha enfatizado que los grandes tenedores de vivienda «deben arrimar el hombro y hacer un esfuerzo como todo el mundo».

Según ha explicado, si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda o un fondo de inversión éste tendrá que elegir entre la quita del 50 % de la deuda o reestructurarla para el pago en tres años.

Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará la deuda de alquiler a través de una línea de ayudas públicas que contempla ayudas de hasta 900 euros al mes y 200 euros para gastos de suministros o mantenimiento, con un importe total de hasta 700 millones de euros.

«Si se produce una situación en que hay inquilinos en situación de vulnerabilidad que, tras recibir los préstamos a coste cero no pueden pagar, el Estado no les va a dejar tirados y se va a ocupar de garantizar que nadie pueda ser expulsado de su casa por no pagar el alquiler», ha insistido.

Preguntado sobre las peticiones de condonación y las propuestas de Unidas Podemos, ha indicado que se ha trabajado «mucho» en «muchos ministerios» para elaborar un decreto que protege a las familias vulnerables que puedan verse imposibilitados para pagar el alquiler o la imposibilidad de devolver el crédito. «Eso nos debe llenara todos de orgullo», ha resaltado Iglesias.

En cuanto al número de beneficiarios, ha indicado que, a la espera de que se concrete el ingreso mínimo vital en el que trabaja el Ministerio de Seguridad Social, con unos 5 millones de personas potencialmente beneficiarios, las medidas de alquiler aprobadas afectarán a más de medio millón de familias en situación de vulnerabilidad.

Además, ha enfatizado que los grandes tenedores de vivienda «deben arrimar el hombro y hacer un esfuerzo como todo el mundo», frente a inquilinos vulnerables y pequeños propietarios.

Por ello, la norma establece que tendrán que elegir entre realizar una quita del 50% o bien reestructuración de la deuda en 3 años para los afectados.

En este sentido, el vicepresidente ha hecho hincapié en que se incluye una «distinción clave»; ya que «no es lo mismo un pequeño propietario que un fondo buitre o un gran tenedor, no es lo mismo una pareja de jubilados que reciben una pensión baja junto a la renta de un piso que han comprado tras toda la vida de trabajo que alguien con 15 o 20 viviendas alquiladas o fondos buitres con miles de viviendas».

Por ello, ha precisado que con el decreto se garantiza que todos los pequeños propietarios percibirán «íntegramente» las rentas de viviendas y los grandes tenedores y fondos de inversión deberán asumir «como es normal» parte del impacto, efectuando quitas o reestructuración.

En paralelo a las medidas de alquiler, el Gobierno ha decidido ampliar a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la situación generada a raíz de la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus, frente al mes que contemplaba hasta ahora.

Por su parte, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha destacado que la sociedad española es «particularmente solidaria» y tiene un tejido social «muy fuerte», por lo que ve «necesarias» medidas de reforzamiento para reducir la movilidad y evitar contagios, si bien ha recalcado que la «red de solidaridad» es «lo más importante», ya que el Gobierno «no puede remplazar esa red», sino apoyar y cubrir los ámbitos donde no llega.

«Que las medidas excepcionales sean eso, excepcionales», ha apuntado Calviño, tras valorar el esfuerzo de propietarios e inquilinos por llegar a acuerdos ante la situación de alarma.