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La constructora de Marina d'Or, Comercializadora Mediterránea de Viviendas, S.A, multiplicó prácticamente por 10 su facturación el pasado ejercicio. El volumen alcanzado en el ejercicio 2018 ascendió a 22,92 millones de euros, tras cerrar el anterior en 2,4 millones. El resultado de explotación ha llegado a los 830.000 euros, pero el resultado del ejercicio fue de 19,9 millones, frente a las pérdidas de 9,75 millones de un año antes.
Adicionalmente, la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio incorpora unos resultados financieros netos positivos de 27,42 millones, que incluyen las quitas aprobadas en el convenio de acreedores, así como determinados deterioros sobre sociedades participadas, de forma que el beneficio antes de impuestos ha ascendido a 28,25 millones de euros.
Según destaca el informe de gestión, durante el segundo semestre del ejercicio 2018 la sociedad reinició la actividad constructora, la cual se estima que va a continuar durante los próximos ejercicios. Si bien Comercializadora Mediterránea de Viviendas, S.A no había podido aprovechar hasta ahora la reactivación de la economía española, debido a su situación concursal, la aprobación del convenio de acreedores "ha supuesto un hito relevante que ha permitido la aplicación de medidas importantes en el orden económico y financiero, todo ello encaminado al incremento del nivel de actividad y al arranque de nuevos proyectos",según destaca el documento anexo a las cuentas.
Entre los cambios más significativos que se aprecian en este primer ejercicio libre de administrador está la transformación de la sociedad de anónima a limitada y, principalmente, la absorción por parte de la constructora con la empresa Promociones PAI Golf, S.L.U., de la que pendía el mega proyecto Marina d'Or Golf, el proyecto de ampliación de la 'ciudad de vacaciones' entre Cabanes y Oropesa. La fusión ha supuesto llevar a cabo una ampliación de capital de 54,83 millones de euros, con una prima de asunción de 7,46 millones de euros
Sobre este proyecto, el grupo Marina d'Or tiene presentada una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para reclamar al Consell una indemnización de 600 millones de euros tras la anulación del PAI que contemplaba la construcción de campos de golf y una zona residencial. El PAI contemplaba la edificación de una gran zona con unas 35.000 viviendas, una pista de esquí artificial, hoteles de lujo, un lago artificial y tres campos de golf sobre una superficie de 18 millones de metros cuadrados.
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