La Generalitat topará los alquileres en Valencia, Alicante, Castelló y otros 80 municipios

El primer paso oficial para topar el precio de los alquileres en la Comunitat se dio este viernes. Un día después de que la Ley de Vivienda se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, firmó la resolución por la que se inicia el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en la Comunitat Valenciana.

Aunque se desconoce todavía cuándo entrarán en vigor estas limitaciones, el conseller avanzó que se aplicarán en 83 municipios de la Comunitat, entre los que se encuentran las tres capitales de provincia. Todos ellos responden a la catalogación de alta necesidad. En concreto, el conseller rubricó dicha resolución de acuerdo con el artículo 18 de la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

«Con la publicación de la ley ya tenemos a efectos inmediatos la limitación de aumentos en los alquileres del 2% para este año y del 3% para el año próximo. Además, una vez tengamos establecidas las zonas tensionadas podremos declarar grandes tenedores a partir de cinco viviendas», asevera Illueca en un comunicado.

En concreto, Valencia es la provincia con más municipios catalogados de alta necesidad, con 48 en total. Le sigue Alicante, con 27, mientras que en Castellón se registran ocho localidades con esta definición. Para el titular de Vivienda, la situación de «urgencia y necesidad» se produce cuando hay un sobreesfuerzo en el pago de la vivienda –es decir, más de un 30% sobre los ingresos familiares– y también cuando el incremento de precios sea de más de tres puntos porcentuales sobre incremento del IPC a lo largo de un periodo de cinco años.

Con esta resolución, el conseller ordena a la dirección general de Emergencia Habitacional la «instrucción del procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de la información relacionada con la situación del mercado residencial» en el ámbito de la Comunitat. En otras palabras, ahora el catálogo de áreas de necesidad de vivienda (ANHA) debe adaptarse a los supuestos de cálculo que exige la ley, publicada este jueves en el BOE. «Eso lo está haciendo ahora el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)», explican desde la conselleria a etse periódico.

La orden conlleva la inminente aplicación de la Ley de Vivienda en la Comunitat tras su publicación, motivo por el que la limitación del 2% se aplicará este año, mientras que la dirección general de Emergencia Habitacional elevará al Ministerio las zonas tensionadas de la Comunitat para que éste las pueda declarar.

«En la Generalitat ya tenemos los deberes hechos para su aplicación inmediata porque tenemos definidas cuáles son las zonas tensionadas», recalca el conseller, quien recuerda que la catalogación de las áreas de necesidad de vivienda están definidas desde 2020, lo que proporciona una base técnica para poder aplicar la ley cuanto antes.

Zonas tensionadas

«No es una cuestión menor, porque la declaración de zonas tensionadas nos permitirá controlar mejor los precios, evitar los abusos de los grandes tenedores y disponer también de financiación específica para nuevas construcciones, rehabilitaciones y otras intervenciones», añade Illueca.

Entre las medidas contempladas en la norma, destaca la posibilidad de que las administraciones competentes declaren zonas de mercado residencial tensionado, con el fin de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población.

Por ese motivo, ahora la dirección general de Emergencia Habitacional, a través del IVE, está evaluando el catálogo para ajustarlo a los requisitos que marca la Ley. Algunos de estos indicadores son los precios en alquiler y venta de diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo, así como indicadores sobre el nivel de renta disponible de los hogares residentes y su variación en los últimos meses. Todos estos datos permiten medir la evolución del esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda asequible.

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