El glosario de la vivienda: qué es un gran propietario o una VPP

Dentro de todo el bombardeo informativo correspondiente habrás leído y escuchado diferentes proclamas y conceptos diversos; desde pedir el tope de los alquileres a sancionar a grandes tenedores, pasando por movilizar viviendas vacías. Por ello, hemos creído necesario hacer un glosario sobre estos términos para, por un lado, aclarar algunas de esas ideas y, por otro, profundizar en las implicaciones de algunas de estas medidas o aportarte algún dato de interés.

Zonas tensionadas. La Ley de Vivienda (de ámbito estatal) contempla la declaración de zonas tensionadas. Con ello, da la capacidad a las comunidades autónomas de establecer un mapa donde se indiquen esos barrios donde los inmuebles sufren un encarecimiento desmesurado. En concreto, se declara zona tensionada cuando el precio del alquiler o de la compra haya aumentado tres puntos por encima del IPC en los cinco años previos a su declaración.

La intención de declarar zonas tensionadas es, entre otras medidas, establecer un tope a los alquileres. Sin embargo, el Consell ya ha dejado claro que no va a declarar las zonas tensionadas de la Comunitat ni va intervenir las rentas de los arrendamientos.

No obstante, el ministerio publicó hace meses un consultorio donde puedes introducir los datos del inmueble donde vives para saber si lo que pagas por tu alquiler está muy por encima de su valor real. Puedes consultarlo aquí.

Gran propietario o gran tenedor. Este término ha suscitado debates en conversaciones de bar y dudas entre los que poseen más de una propiedad. ¿Quiénes son esos grandes propietarios susceptibles de multas y sanciones? Pues bien, según la normativa que rige a día de hoy en la Comunitat, un gran tenedor es aquel que posee más de diez inmuebles. Aquellos que se encuentren en esta situación (una parte importante son fondos y bancos) y que además tengan viviendas vacías deben inscribir sus bienes en el Registro de Viviendas Deshabitadas y pagar un impuesto por ellas. Si pasan seis meses y no han sacado estas viviendas al mercado, se arriesgan a ser sancionados, aunque por lo pronto el Consell no está aplicando este mecanismo.

También es importante señalar que la ley estatal de vivienda contempla rebajar a cinco los inmuebles para calificar a un propietario de gran tenedor si esos bienes se sitúan en zonas tensionadas. De nuevo, esto no se aplica en el caso de la Comunitat al no declararse las zonas tensionadas.

Vivienda vacía. Puede parecer obvio. Todos sabemos lo que es una vivienda vacía. Pero aquí no queremos hablar de su definición, sino de una de las principales medidas que reclaman algunos colectivos: sacar al mercado estos inmuebles para rebajar así los precios del mercado. Según explica el director de la Cátedra de Vivienda, Fernando Cos-Gayón, sacar al mercado estas viviendas vacías puede ayudar, pero está muy lejos de ser suficiente para paliar la crisis de los precios y de emergencia habitacional. «El primer problema es su ubicación, una parte están en zonas rurales o de interior y no en zonas tensionadas. Por otro lado, muchas de esas viviendas no tienen siquiera contador eléctrico y requieren de reformas para ser habitables o incluso habría que tirarlas abajo y construir», explica.

Según el INE, hay casi medio millón de viviendas vacías en la Comunitat Valenciana, pero no hay datos actualizados de su ubicación, puesto que el mapa de distribución de estos inmuebles data del año 2011.

VPP. O, en otras palabras, Vivienda de Protección Pública, anteriormente conocida como VPO. Este tipo de inmuebles son promovidos desde la Administración, en colaboración con las promotoras, y su característica es que tienen un precio máximo de venta con el objetivo de hacerlas más accesibles que la vivienda libre. El Consell aprobó hace apenas un mes el nuevo decreto que regula la construcción de las VPP, que fija el precio del metro cuadrado útil en 2.400 euros y un sistema variable para que adapta el precio en aquellas zonas con más desequilibrio entre oferta y demanda en función del coste de la construcción y el de vivienda libre. Esta subida de la VPP responde a la petición de los promotores ante el incremento de los costes de obra. Ahora queda ver cómo se facilitará la financiación a las familias que quieran acceder a estos inmuebles, puesto que un piso de protección pública de 100 metros cuadrados puede llegar a tener un precio de 240.000 euros.

Avales ICO y del IVF. Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un mecanismo para que puedas acceder a una hipoteca sin necesidad de tener el 20% de la entrada, ya que eso es lo que cubre el Estado. Sólo se concede para la compra de la primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a su cargo. Los avales del IVF son los que concede la Generalitat y cubren hasta el 15%. Aunque la cobertura es inferior y te obliga a tener ahorrado el 5% de lo que cuesta el piso (más aparte los gastos de gestión), lo cierto es que se están concediendo más rápido que los del Estado. Con el aval valenciano, un joven puede obtener una hipoteca del 95%.

Plan Vive. Es la medida estrella del Consell de Carlos Mazón. Ante la urgente necesidad de vivienda, la Generalitat ha puesto en marcha un programa para construir 10.000 inmuebles a lo largo de cuatro años, que se destinarán a VPP y a alquiler asequible. Sin embargo, este plan tiene algunos frentes abiertos. Uno de ellos es facilitar la financiación tanto de los aspirantes a estas viviendas como de los promotores que deben construirlas. Además, la falta de mano de obra en el sector amenaza también con complicar la construcción de tantas fincas a la vez. A esto se suma el incremento de los costes de obra, un factor que lleva a los promotores a inquietarse sobre si será viable la construcción de esas viviendas con el precio fijado para las VPP. Otro escollo es conseguir el suelo para esas 10.000 viviendas. La idea es que sean los ayuntamientos los que cedan terrenos, pero pese a la muestra de buena voluntad, aún hay que formalizar oficialmente esas cesiones.

Bono joven alquiler. Se trata de una ayuda de 250 euros mensuales para pagar el alquiler. Está destinada para jóvenes entre 18 y 35 años cuyos ingresos anuales estén por debajo de los 21.600 euros brutos anuales. La convocatoria de 2024 está abierta y consta de 200 millones de euros que se repartirán entre las comunidades autónomas. Los 250 euros mensuales se concederán a cada beneficiario durante dos años en concepto de ayuda para el alquiler.