La polémica decisión del Gobierno de llevar en solitario la construcción de 438 viviendas en los antiguos terrenos de Cuartel de Ingenieros, en Valencia, amenaza ... con convertirse en un conflicto mayor. En primer lugar, porque el Ministerio de Vivienda rompió las negociaciones del nuevo convenio que estaba negociando con la Generalitat sin haberle avisado de manera oficial, tal y como ha podido comprobar LAS PROVINCIAS y después de que fuentes del departamento de Isabel Rodríguez confirmaran a este periódico que, efectivamente, «se estaba negociando», a pesar de que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aseguró la semana pasada que fue el Consell quien rechazó el convenio el pasado mes de mayo.
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Cuando Rodríguez dio la noticia a principios de la semana pasada de que la nueva empresa pública de vivienda arrancaría con los 438 pisos en Cuartel de Ingenieros, lo anunció como si se trata de un nuevo proyecto. Sin embargo, fue presentado hace cuatro años y, además, la idea comenzó a desarrollarse en 2010, con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia implicados. Es decir, desde un inicio el planteamiento era el de coordinación y colaboración de las tres administraciones, ahora dinamitado de manera unilateral por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Pero a esto se añade otra circunstancia: la Generalitat también tiene una parcela en propiedad en los terrenos donde el Gobierno quiere construir estas 438 viviendas. En concreto, la Generalitat tiene casi 300 metros cuadrados, tal y como aparece en el borrador que el propio ministerio envió a la conselleria el pasado mes de agosto –y al que ha tenido acceso este periódico–. Aunque la superficie no es significativa, no deja de ser una cuestión que la cartera de Isabel Rodríguez no ha tenido en cuenta a la hora de hacer el anuncio ni de romper el acuerdo que estaba negociando con la autonomía valenciana.
Una ruptura que, según indican desde el gabinete de la vicepresidenta del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, no se comunicó en ningún momento a la Generalitat. Por este motivo, Camarero envió una carta al ministerio para pedir explicaciones, puesto que la conselleria respondió el pasado 28 de octubre favorablemente al borrador del nuevo convenio.
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