Las inmobiliarias valencianas alertan de la proliferación de agencias pirata

Al calor de la reactivación del negocio inmobiliario en la Comunitat, los profesionales del sector denuncian la proliferación de advenedizos que intermedian en operaciones de compraventa sin ofrecer garantías a los clientes.

La presidenta de la asociación de agencias de la Comunitat Asicval, Nora García Donet, advierte del peligro de confiar algo que significa la mayor inversión en la vida a gente sin conocimientos técnicos ni seguros de responsabilidad civil y caución.

En algunos casos, apunta que se trata de personas que actúan sin estar dadas de alta y trabajan en negro, desde su casa o con un teléfono, corriendo el cliente el riesgo de que «desaparezcan cuando surja algún problema con el vendedor o el comprador».

Como alternativa, las agencias inmobiliarias de la Comunitat consideran prioritaria la creación de un registro autonómico de profesionales, según los datos regionales del primer estudio Perspectivas y retos del sector de las agencias inmobiliarias, elaborado por la Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI), de la que forma parte Asicval.

«A día de hoy, no sabemos ni cuantos profesionales operan de forma legal. A través de un portal inmobiliario sabemos que en la Comunitat hay unas 4.000 agencias. Alicante concentra la mayoría con 2.100, mientras que en Valencia se estiman 1.500 y en Castellón, 300», señala García Donet.

Registros ya funcionan en Cataluña, con adscripción obligatoria, o Madrid y Navarra, de adscripción voluntaria. Además, están recién aprobados en Andalucía y el País Vasco, de inscripción también obligatoria.

«La acreditación profesional es una herramienta necesaria para la implantación de estándares de calidad y protocolos de actuación que den fiabilidad al mercado inmobiliario, así como para transmitir confianza a la sociedad sobre los operadores que intervienen en el mercado inmobiliario», considera García Donet.

La organización confía en que la creación del registro de agentes inmobiliarios contribuiría, además, a neutralizar la desregularización provocada por el Real Decreto Ley 4/2000, y la posterior Ley 10/2003, de liberalización del sector inmobiliario, que eliminaba cualquier requisito para intermediar en el mercado inmobiliario.

En concreto, el estudio revela que las prioridades de los profesionales es promover un registro de agentes inmobiliarios, para el 71,74% de los encuestados; regular de manera eficaz el mercado, según el 69,67%; aumentar la visibilidad, prestigio y notoriedad del agente inmobiliario, según el 68,48%; y reconocer el compromiso social del sector, según el 50%.