Un millón de viviendas en la Comunitat no tienen el certificado para venderse y alquilarse a partir de 2030

En concreto, la patronal de la reforma y la rehabilitación, Andimac, estima que en 2030 habrá 1.250.000 viviendas en la Comunitat que superen los 50 años de antigüedad. «Todas ellas deben tener o estar en trámites para obtener el Informe de Evaluación del Edificio, necesario para garantizar el buen estado de la edificación», explican fuentes de la patronal a este periódico. Además, en 2033 se les exigirá la letra D.

Actualmente, hay 658.544 viviendas con más de 50 años construidas entre 1940 y 1970 en el parque inmobiliario valenciano. Dentro de este grupo, un total de 446.661 son viviendas principales. Es decir, son el domicilio habitual del propietario. Si a éstas se añaden las que se construyeron entre 1900 y 1940, la cifra total de viviendas con más de medio siglo en la Comuitat asciende a 890.336.

Pero más allá de la antigüedad, en la Comunitat hay tres millones de viviendas –dos millones de ellas principales– que se construyeron sin exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) actual en materia energética, por lo que si la región valenciana «sigue el patrón nacional, en torno al 80% de este parque sería bastante o muy ineficiente desde el punto de vista energético», según alerta Andimac. A nivel estatal, ocho de cada diez viviendas tienen la calificación F o G, según la patronal.

El gran escollo para poder cumplir con el objetivo marcado desde Bruselas reside en que las ayudas para reformar la vivienda y obtener el certificado energético no llegan. El embudo en la gestión es de tal magnitud que el sector ve poco probable que con los ritmos actuales las comunidades de vecinos consigan el certificado a tiempo. Y sin este documento, no podrán vender ni alquilar las viviendas a partir de 2030.

Según explica David Paramio, director de Consultoría y Sostenibilidad en Tinsa España, sólo para el cambio de ventanas «ya hay 20 meses de bloqueo» en la gestión de las subvenciones. «Este atraso en la gestión es algo que sucede en todas las comunidades autónomas. Hay una incapacidad administrativa para gestionar las ayudas, para hacer frente el volumen de expedientes», explica.

A esto se añade otro problema: las comunidades pequeñas cuentan con más dificultades para beneficiarse de los fondos Next Generation al no disponer del dinero para realizar el proyecto, ya que la subvención se otorga tras realizar la reforma.

Andimac insiste, además, en «la necesidad» de garantizar el deber de conservación y mantenimiento, ya que la próxima década la mitad del parque construido tendrá más de 50 años. «Esto representa el principal motor de ahorro de los valencianos, la riqueza de los hogares. Llegada una edad, si no se mantiene y actualiza el edificio, los años actuarán como la inflación sobre el dinero que se quedó escondido debajo del colchón», advierten.