El Gobierno anuncia ahora un plan de vivienda para Valencia que ya presentó hace cuatro años

En concreto, fue el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien señaló que Mitma, a través de Sepes, Entidad Estatal de Suelo, había formalizado el acta de inicio de las obras de urbanización de los terrenos en desuso del cuartel de Ingenieros en Valencia. Sin embargo, la empresa contratista desistió y dio lugar a una paralización del proyecto, que se desbloqueó el pasado mes de octubre con la adjudicación de la urbanización al Grupo Bertolín. Este hecho, además, choca de pleno con la idea que manifestó la ministra en el foro, donde destacó que la nueva empresa pública se hará cargo de todo el ciclo residencial, desde la urbanización hasta la entrega de llaves.

La decisión del Ejecutivo de crear una entidad pública de vivienda sobre la base de la SEPES, Entidad Pública del Suelo adscrita al Ministerio, tiene como objetivo, según Rodríguez, desarrollar un «instrumento integral que se encargue, de principio a fin, de todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización de los suelos; la edificación, movilización o compra de las viviendas; hasta la entrega de llaves y la gestión posterior de los inmuebles».

En esa línea, la ministra se refirió que la construcción por parte de esta nueva entidad de 438 viviendas en los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros de Valencia supone un «salto cualitativo y cuantitativo». La construcción de estas viviendas tendrá lugar con carácter «inmediato» y serán «promocionadas directamente desde la empresa pública para garantizar que serán 100% asequibles».

Isabel Rodríguez reivindicó la acción del Gobierno en materia de vivienda durante su intervención. Unas políticas que sitúan en el núcleo de las políticas del Ejecutivo el «derecho a techo». «El Ejecutivo está poniendo todos los recursos del Estado al servicio del cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución: el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la regulación del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación», destacó Isabel Rodríguez.

Cabe recordar que la vivienda ha sido uno de los principales debates políticos de los últimos meses tras el creciente hartazgo social, expresado en forma de manifestaciones en diferentes ciudades de España y con iniciativas como una huelga de alquileres. Hace unos días, el PP de Feijóo reclamó una reducción del Impuesto de Transmisiones para la compraventa de viviendas como medida para facilitar el acceso a un inmueble en propiedad, mientras que el Gobierno lleva tiempo tratando de convencer a las comunidades autónomas de que apliquen, sin éxito, la declaración de las zonas tensionadas para poner tope a los precios del alquiler.

«Este gobierno está apostando, como ningún otro, por poner la vivienda en el centro de la agenda gubernamental. Tenemos un compromiso firme e irrenunciable. La vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar», indicó Rodríguez. Y para ello, la ministra ofreció datos y referencias, como la puesta en marcha definitiva del Nuevo Barrio de Campamento, la modificación de la Ley de Contratos para favorecer la colaboración público-privada y combatir el déficit en la construcción de vivienda asequible, las bonificaciones fiscales para impulsar la rehabilitación de las viviendas, la puesta a disposición de todo el patrimonio inmobiliario del Estado para «convertirlo en hogares o la aprobación del reglamento de temporada que distinga lo que entre gestionar un derecho y gestionar un negocio», son algunas de las medidas destacadas por Isabel Rodríguez para incrementar la oferta de vivienda a precio asequible.

También desgranó las medidas en materia de regulación para «garantizar la protección de la función social de la vivienda y combatir la especulación». En esta línea, Isabel Rodríguez se refirió a la derogación de las conocidas como Golden Visa inmobiliarias, una medida que desde el sector residencial e inmobiliario se ha criticado al considerarla ineficaz y sin efecto alguno, puesto que afecta sólo a las operaciones de más de 500.000 euros. La ministras también aseguro haber empoderado con sus medidas a las comunidades de vecinos para limitar la proliferación de pisos turísticos e iniciar la creación de un registro único para combatir la proliferación de los apartamentos de temporada fraudulentos.

Por último, la ministra hizo referencia a la financiación de las políticas públicas de vivienda, recordando el compromiso del Gobierno en garantizar que «todos los recursos y todas las capacidades del Estado estén al servicio de la política pública de vivienda, con la decisión irrevocable de blindar la protección del suelo público».

«La aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia nos permite contar con medios para para contener los precios y estabilizar al mercado de vivienda», afirmó la ministra. Isabel Rodriguez defiende que se trata de «una herramienta que ya está demostrando su eficacia al reducir los precios en Cataluña, y que instamos firmemente al resto de autonomías a adoptarlo lo antes posible, como ya están haciendo País Vasco, Navarra o Asturias y demandan importantes ayuntamientos en Galicia o Canarias».

En este sentido, la ministra cree que «es incomprensible que ante precios disparados, y teniendo instrumentos, no se esté utilizando una herramienta que implica una bajada inmediata de precios al tiempo que bonifica al propietario». «Un alivio para los inquilinos mientras se construye el parque de vivienda público», argumentó.

La ministra también se refirió a la novedad legal que introdujo la Ley de Vivienda para construir viviendas públicas en suelos dotaciones. «Aunque algunos acaben de descubrir su obligación de facilitar suelos o las posibilidades que les da la ley de vivienda para hacer alojamientos dotacionales», afirmó. Para defender que la construcción de vivienda pública es «responsabilidad de todos poderes públicos. Todos», agregó.