La PAH protesta en Valencia: «La ley de vivienda no acaba con los desahucios»

La nueva ley de la vivienda, que se prevé que el Congreso de los Diputados apruebe este jueves, no ha sido bien recibida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una asociación que surgió para defender a los colectivos más vulnerables de las ejecuciones hipotecarias que se recrudecieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008.

Y es que, según explican desde la plataforma, la nueva norma no acaba con el problema de los desahucios, a pesar de que la ley se ha diseñado con la consigna de aumentar la protección de los inquilinos y combatir los abusos inmobiliarios. Por este motivo, la PAH ha convocado diferentes concentraciones en las principales ciudades de España para protestar contra esta norma. La delegación valenciana se concentra frente a la Delegación de Gobierno, donde se pueden leer carteles que rezan «por una ley que garantice el derecho a la vivienda».

«No creemos que esta ley vaya a resolver los problemas reales ni va a garantizar el derecho a la vivienda especialmente de los sectores más vulnerables», afirman desde la plataforma que, pese a ello, aseguran que el hecho de «haber conseguido» la primera ley de vivienda en España «ha sido gracias a la lucha» de la asociación durante estos últimos 12 años. «Seguiremos haciéndolo mientras haya un desahucio, una persona o unidad de convivencia en la calle», agregan.

Tal y como explican desde la PAH, la ley únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los dos años y sólo obliga a los propietarios a someterse a una mediación, cuya resolución no tienen por qué respetar. Es decir, grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización, según interpreta la asociación. «Esto se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas», indican.

Precisamente, una de las reclamaciones de los movimientos sociales al Gobierno es la de establecer la obligatoriedad para grandes propietarios de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad. «Nos preocupa que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales bonificados, lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores, como bancos y fondos buitre, en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías», explican.

En ese sentido, la PAH pone el foco en la falta de vivienda pública. «Además, lamentamos que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de esta ley. El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300 euros mensuales, y a nuestras asambleas ya han llegado algunas familias que han dejado de pagar o prevén que lo harán próximamente», alertan. Por todo ello, la PAH considera que el Gobierno «sólo ha tomado medidas cosméticas», como el llamado escudo social o bien la reedición del código de buenas prácticas bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos no es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación, al parecer de la PAH, «son irreales».

No obstante, la plataforma celebra que se hayan incluido algunas reivindicaciones de los movimientos sociales, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta, la rebaja de la definición grandes propietarios a quienes tienen cinco viviendas en vez de diez y el blindaje de las competencias de las comunidades autónomas, que podrán seguir desarrollando leyes. «Así se podrán corresponsabilizar a bancos y fondos buitre gracias al alquiler social. Es el caso de la Ley Antidesahucios en Cataluña, que ha evitado entre 5.000 y 11.000 desahucios en el tiempo que ha estado en vigor y que actualmente ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio Gobierno», señalan.

«Creemos que todavía queda mucho margen de mejora. Por nuestra parte, en los próximos días examinaremos detenidamente la ley y daremos la información necesaria para evitar que se engañe a la población con discursos triunfalistas que no tienen efecto real en la vida de la ciudadanía», afirman desde la PAH.

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