Patronal, inmobiliarias, promotores y asesores fiscales, contra el decreto de tanteo de Dalmau

El decreto ley del Consell para la ampliación del parque público de vivienda mediante los derechos de tanteo y retracto fue presentado por el responsable del departamento, el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau, como una herramienta para luchar contra los fondos buitre y para incrementar las viviendas de promoción pública y destinarlas a aquellos sectores con situaciones de emergencia habitacional. Un objetivo noble que, sin embargo, incorpora una redacción que a juicio de los sectores implicados genera una amplia inseguridad jurídica, revela la voluntad intervencionista del dirigente de Podemos y provoca un evidente parón en las operaciones de compra-venta de pisos, que se suma al provocado por la pandemia.

Si la ley de 2004 ya regulaba el derecho de tanteo y retracto para las viviendas de protección pública –la operación anunciada el jueves por el propio Dalmau para adquirir 218 viviendas que vendía el Sabadell se realizó con base a esa legislación–, la nueva norma amplia ese margen a viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados.

El artículo 10 de la norma, el que hace referencia a la 'Titularidad, competencia y transmisiones de viviendas sujetas a los derechos de adquisición preferente' es el que genera más dudas. Entre otras razones porque se alude a «transmisiones singulares», por lo que amplia su ámbito de actuación a viviendas libres. No sólo eso, los apartados tercero y cuarto de ese artículo refieren a transmisiones de edificios o grupos de viviendas «aun cuando dicha operación se realice mediante la venta de acciones o participaciones sociales de mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria». Es decir, un escenario con el que la administración se reserva la posibilidad de intervenir en la actividad y la capacidad de organizarse de las propias empresas.

Las promotoras valencianas observan con preocupación tanto la redacción del decreto como el hecho de que se haya tramitado de urgencia o que el vicepresidente segundo Dalmau hable de amenazas y presiones cuando se discrepa de su opinión. Desde el sector lamenta que no se haya consultado al Consell Jurídic Consultiu y se coincide con el criterio de que debería tramitarse como proyecto de ley.

Respecto a la letra pequeña de la norma, se incide en especial en el artículo 10, por las referencias a la vivienda libre, que afecta a cualquier piso, como por el intervencionismo en la actividad de las empresas que se detecta. «Genera inseguridad jurídica y retrasa estrategias empresariales», se remarca. Además, se incide en que el derecho a una vivienda y la necesidad de resolver las emergencias habitacionales no puede hacerse a costa de limitar la actividad económica, que es la que genera riqueza, da empleo y permite el pago de impuestos a la administración. Se remarca además que el listado de 229 municipios con áreas de necesidad de vivienda no distingue entre barrios, lo que afecta directamente, por ejemplo, a múltiples municipios turísticos y amenaza la compra de apartamentos.

La CEV asegura coincidir en los planteamientos esgrimidos por los promotores inmobiliarios para oponerse al Decreto. A juicio de la patronal, la norma que debe ratificar Les Corts el próximo miércoles genera más inseguridad jurídica y es excesivamente intervencionista. «Si el objetivo es aumentar el parque público de vivienda podrían negociarse otras fórmulas. Habrá menos oferta, menos actividad y menos recursos», se señala.

La presidenta de la Federación Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y de la valenciana Asicval, Nora García, explica que han presentado alegaciones al decreto para que la Generalitat no intervenga en aquellos casos que las viviendas vayan a ser adquiridas para ser vivienda habitual. «No siempre hay fondos buitre detrás de la adquisición de viviendas que provienen de ejecuciones hipotecarias», remarca. En algunos casos, los compradores las quieren para residencia habitual. «El decreto genera inseguridad jurídica en la operativa empresarial normal», asegura García. La compra-venta de viviendas está paralizada. «Después de tres meses de parón por la pandemia, ahora esto impide trabajar con normalidad».

El presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat, Luis Chinchilla, detecta una «disfunción» en la norma, porque «el objetivo de aumentar el parque público de vivienda deriva en una caída de la recaudación por la actividad inmobiliaria». La Generalitat –una administración endeudada como pocas– gasta más para adquirir viviendas, y encima no ingresa como si esa venta fuera a un particular, porque no se cobra impuestos a sí misma. Chinchilla también considera que algunas administraciones no han detectado el cambio de agenda que supone la pandemia del Covid-19. «Notarios, asesores, compradores, vendedores, registradores de la propiedad, entidades bancarias, la propia recaudación tributaria.. todos ahora mismo están paralizados por culpa de este decreto», resume.