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La subida del precio de las Vivienda de Protección Pública (VPP) aprobada con el nuevo decreto del Consell parece ser insuficiente a los ojos de ... algunos promotores de la Comunitat Valenciana. Pese a que la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) valoró la nueva norma porque supone desbloquear proyectos que estaban paralizados al pasar de los 2.200 euros por módulo a 2.400, lo cierto es que esa cifra está lejos de los 2.700 que el sector pedía como precio máximo.
«Quien dé la razón a si el plan de vivienda es posible será la propia evolución del coste de obra. Si aguanta el coste durante el periodo establecido podremos continuar, pero estamos preocupados por esto», explica a este periódico un promotor valenciano.
La normativa contempla una subida del precio máximo a 2.400 euros el metro cuadrado útil y un sistema variable, que adaptará el precio en aquellas zonas con más desequilibrio entre oferta y demanda en función del coste de la construcción y el de vivienda libre. «En estos días de alegaciones trasladaremos nuestras propuestas», agrega el empresario.
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Otra de las cuestiones más destacadas del decreto es que el promotor debe reservar el 40% de las viviendas de menos de 60 metros cuadrados a jóvenes con menos de 35 años. Si a los seis meses no se venden, ya no se reserva para los que tengan menos de esa edad.
Además, los propietarios de estas viviendas podrán vender el piso a precio de libre mercado una vez pasen 15 años siempre y cuando en el momento de la compra se encontraran por debajo de esa franja de edad. «De este modo, se facilita que los jóvenes que no pueden permitirse una vivienda muy grande, puedan ahorrar durante esos 15 años y, junto a lo que saquen del piso, podrán comprarse un adosado», indica este empresario local.
Sin embargo, la posibilidad de liberalizar una vivienda VPO ha hecho saltar las alarmas de la oposición al entender que facilita la especulación. Tras salir la propuesta hace una semana a información pública, la portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts, Mª José Salvador, denunciaba hace una semana que se trata de «un reglamento para el negocio de la vivienda, no para garantizar el derecho a ella».
El decreto sitúa un plazo máximo de 30 años para descalificar la vivienda protegida construida en suelo reservado para vivienda protegida, 20 años máximo para la vivienda protegida construida sobre suelo reservado a vivienda de renta libre y un máximo de 15 años para la vivienda reservada a menores de 35 años.
Por contra, el diputado popular Fernando Pastor, respondió a Salvador diciendo que el precio del módulo «es un tope» que está por debajo del precio de mercado. «Estas medidas permiten la viabilidad de las promociones de viviendas que los precios actuales no posibilitaban», indicaba.
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