Promotores e inmobiliarias llevan a Les Corts su rechazo al decreto de tanteo

Les Corts, que el miércoles someterá a votación para su convalidación (o derogación) el decreto ley del derecho de tanteo y retracto, fue este lunes escenario del rechazo que genera la nueva norma impulsada por el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, que, en esta ocasión, hicieron patente promotores e inmobiliarias durante su participación en la comisión de Obras Públicas de la Cámara valenciana, centrada en las propuestas para la reconstrucción económica.

Inseguridad jurídica, incertidumbre o paralización de compraventas acordadas antes del estad de alarma por Covid fueron las palabras más repetidas en las intervenciones de los representantes de estos dos sectores. Así, a preguntas de los diputados de Ciudadanos Mamen Peris y del PP Alfredo Castelló, el presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunitat Valenciana (Feprova), Antonio Olmedo, remarcó que el decreto, especialmente su artículo 10, «produce una inseguridad jurídica, sobre todo en las empresas locales, que no son grandes monstruos».

A su juicio, lo más oportuno sería tramitarlo como ley para, precisamente, ofrecer esa seguridad que, además, «es la base de cualquier normativa» que se impulse desde la Administración. «Hay que darle una pensada si queremos tener una buena adecuación a la seguridad jurídica», dijo el también presidente de Aprova.

«La inseguridad lastra la recuperación económica», añadió Olmedo en su intervención en Les Corts, donde también recordó que ya existe la ley por la función social de la vivienda para cubrir los objetivos que se marca el decreto de tanteo y retracto aprobado por el Consell el pasado junio.

Mientras, la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, reiteró la petición de una moratoria sobre el decreto de Dalmau e instó a la Generalitat a que renuncie hasta finales de 2020 por «las incertezas» que genera en compradores y vendedores y porque supone para el sector de las agencias una «recuperación más lenta» al retrasarse firmas notariales acordadas antes del estado de alarma.

De hecho, desveló el ejemplo de 12 operaciones que están pendientes relacionadas con pisos de entidades bancarias destinadas a vivienda habitual y segunda residencia (en este caso, de compras de extranjeros). En este sentido, preguntada por las consecuencias que tendría la entrada en vigor del decreto implicaría que las agencias tardarían en facturar hasta que la Generalitat haga efectivo o no su derecho.

García, que reconoció que no están «en contra del decreto porque busca dar soluciones al problema de la vivienda social», lamentó que su planteamiento cree «incertidumbre e inseguridad» para las empresas pequeñas y aseguró que una moratoria permitiría a la Administración una mejor organización.

Por otro lado, las plataformas de afectados por la vivienda (PAH) valoraron ayer el «avance importante» que supone la nueva normativa, que consideran «valiente» y que debe aplicarse con «urgencia». Reconocen que hay «algún aspecto mejorable», pero debe tramitarse como decreto ley «para no retrasar su entrada en vigor y evitar trabas».