Los promotores negocian con el Consell revisar el decreto de VPO

El abandono que sufre la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) sigue sin resolverse pese a que el anterior Consell publicó un decreto consensuado con el sector promotor valenciano que pretendía desencallar su parálisis. Y es que, con tan sólo cinco meses en vigor ya se ha quedado desfasado debido al incremento de los costes de construcción derivado de la inflación y el contexto internacional.

«Cuando planteamos eso al anterior gobierno fue hace tres años», señaló este jueves el presidente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia (Aprova), Antonio Olmedo, durante la VII Jornada de Debate Sectorial de VIVA. Olmedo incidió en el que el precio de 2.200 euros por módulo pactado en el anterior decreto debería actualizarse según los costes actuales y, además, establecer diferentes precios en relación a las zonas donde se construya.

Por este motivo, los empresarios negocian ya con el nuevo Consell la redacción de un nuevo decreto o bien la modificación del actual, tal y como reveló Vicente Llácer, del grupo Ática. «Queremos vincular los precios al IPC pero también quitar el requisito de que no se pueda tener una vivienda en propiedad para acceder a una VPO», señala. A esto hay que añadir la petición de que el precio del módulo se eleve de base y que se establezcan diferentes tarifas según la zona.

El presidente de los promotores en Alicante, Pedro Soliveres, recordó que el anterior módulo estuvo vigente 17 años. «No tiene sentido que no esté vinculado al IPC», agregó. En ese sentido, destacó que el nuevo decreto, negociado en los últimos tres años y que sólo lleva en vigor unos meses, «mejora las condiciones» de las que partía el sector. «Pero es cierto que requiere ajuste adicional y vincular ese precio al IPC», indicó.

Además, Soliveres incidió en la cantidad de «suelo inmovilizado» en manos de la Administración. «Debería salir a mercado para poder construir», afirmó el representante sectorial, que subrayó la necesidad de que «no haya un mismo precio para toda la Comunitat Valenciana», además de pedir «agilidad» en la tramitación de las licencias de obra nueva, una reivindicación que sigue siendo un lastre para la construcción de nuevas viviendas y que supone uno de los motivos del incremento de los precios en la región valenciana debido a la escasa oferta disponible.

Por otro lado, Llácer puso sobre la mesa otro problema: «Los bancos no financian a una parte de los aspirantes a VPO por no considerarlos solventes económicamente, sólo financian a los que más ingresos tienen», señaló. Cabe recordar que para acceder a una VPO no se debe superar más de seis veces y medio el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, situado en 600 euros mensuales en 2023).

Por otro lado, Solivares hizo alusión a los concursos de la Administración que quedaron desiertos, una situación que se dio, según él, a que los lotes licitados eran «demasiado grandes» para los promotores locales. «Eran de 700 y 800 viviendas. Deben hacer lotes pequeños donde pueda ir promotor local, que conoce la zona. De ese modo no habrían quedado concursos desiertos», afirmó, a lo que Llácer añadió que echa en falta un interlocutor «profesional» por parte de la Administración, además de criticar que los ciclos políticos de cuatro años son cortoplacistas para el sector.

Por otro lado, también realizó una intervención el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, quien anuncuó que el Consell trabaja en un marco normativo «sólido» que desde las administraciones aporte «seguridad y confianza» al sector inmobiliario y al de la construcción. También estuvo presente el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de València, Juan Giner.

El secretario autonómico de Vivienda remarcó el interés del Consell por transmitir «un mensaje de confianza y certidumbre ante una coyuntura compleja, marcada por la escalada de precios de materias primas, escasez de mano de obra, encarecimiento de la financiación y la ralentización de la demanda al no disponer de capacidad de ahorro».

Ante esta situación, Fernández aseguró que desde la Generalitat tienen «muy clara la importancia de estos sectores», así como «su capacidad» para afrontar los retos de los próximos años. «Por ello, somos conscientes de que la principal responsabilidad de las administraciones es aportar seguridad jurídica al mercado», añadió.

«Ha llegado el momento de apartarnos de la producción de normas ideológicas para situarnos en normas lógicas, sustentadas en criterios técnicos que den respuestas solventes a las necesidades reales de las personas y, en definitiva, configuren un marco normativo seguro que atraiga inversión», manifestó.

En esa línea, reivindicó que las primeras decisiones que el Consell ha adoptado en sus primeros 100 días de gobierno en materia de vivienda. Entre ellas ha destacado la ampliación del periodo de aplicación del decreto 80/2023 sobre las normas de diseño y calidad en edificios, el análisis del decreto 68/2023 que regula las VPO y las viviendas de la Generalitat, así como el decreto-ley 6/2020 para ampliar la vivienda pública mediante el tanteo y retracto.

Todo ello, con el objetivo de abordar «a medio plazo» una nueva ley de Vivienda para la Comunitat que contribuya a establecer un marco normativo «sólido» que «refuerce nuestra autonomía legislativa», ha destacado el secretario autonómico.

Fernández insistió en que el objetivo del Consell para esta legislatura es impulsar la construcción de 10.000 viviendas asequibles. «Unos objetivos estratégicos que pasan por la dinamización del suelo público disponible, en estrecha colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos y la creación de un marco jurídico adecuado que afronte con éxito estos retos», concretó.