Promotores piden que el Estado recupere competencias en vivienda

Al unísono y sin matices. Los expertos inmobiliarios que este miércoles abordaron en Valencia el problema de la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana coincidieron en la necesidad de que el Estado recupere las competencias relacionadas con políticas de vivienda para, de ese modo, evitar la maraña legislativa de las autonomías y favorecer la obra nueva.

Así se expresaron, en diferentes términos, el panel de expertos durante la primera edición del Foro Vivienda de Aprova Labante más de 150 asistentes del sector. «Las viviendas tienen que ser más baratas y, en este sentido, los impuestos y el suelo público tienen mucho que decir. Luego, es muy importante centralizar la política de vivienda», explicó Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española.

Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente APCEspaña, manifestó que debe «haber un paraguas general», donde por parte del Estado «haya unas normas» que las comunidades cumplan. «Esto no es un problema autonómico, es nacional. Se debe pensar en global. Es un lío si eres empresa y quieres construir, porque cada autonomía tiene sus ordenanzas, reglamentos, regulaciones...Creo que no se deberían haber cedido ciertas competencias estatales y vivienda es una de ellas»», indicó.

En términos generales, los ponentes rechazaron la nueva Ley de la Vivienda. La directora general de Masteos en España, Beatriz Toribio, señaló la necesidad de un pacto de Estado. «Es una política a medio-largo plazo que debe incluir a todos los agentes», afirmó la profesional. En esta línea intervino el presidente de los promotores valencianos (Aprova), Antonio Olmedo: «nos han tocado personajes políticos que se son cortoplacistas», aseguró tras destacar que los requisitos de paisaje y medio ambiente en el Ayuntamiento de Valencia «bloquean» planes urbanísticos. Con esta misma música Gómez-Pintado afirmó que «la Ley de la Vivienda está ideologizada y lo peor de todo es que no soluciona el problema actual».

El presidente de la asociación nacional puso de ejemplo Cataluña, que tiene una ley similar a la impulsada por el Gobierno central. «Las consecuencias están siendo terribles. Han desparecido un 54% de las viviendas que había en el mercado y el precio del alquiler ha subido sin control», aseguró.

Para solucionar estos problemas de emergencia habitacional los expertos insistieron en la necesidad de fomentar las colaboración público-privada y poner en marcha un gran número de viviendas de protección pública en el mercado con ayuda de la Administración.

Antonio Olmedo, presidente de APROVA, insistió en que la parálisis de la Administración para tramitar el nuevo reglamento de la vivienda protegida «es uno de los causantes» del problema actual. «Hace muchos años que no se construye vivienda de protección pública y este el gran causante de la emergencia habitacional», subrayó.

No obstante, los promotores resaltaron que las líneas de avales por parte de la Administración ayudarán a los jóvenes a hacerse con su primera vivienda, aunque se trate de un parche que no ataca a la raíz del problema.

En la mesa, Begoña Serrano reivindicó que se aumenten los presupuestos generales destinados a vivienda y a políticas consensuadas y de continuidad, ya que la construcción de viviendas «no se lleva a cabo de un día para otro».

Por su parte, Cos-Gayón sacó al debate el tema del suelo en la ciudad de Valencia. «Suelo hay, lo que demandamos es que se ponga en circulación ya». Por su parte, Santos González explicó que se trata de un problema de voluntad. «Hay un grave problema de oferta y para que el precio de la vivienda baje se necesita construir más, liberar suelo público y gravar la vivienda con menos impuestos», concluyó.