El registro de grandes propietarios de vivienda se le atraganta al Consell

Una idea que, pese a la urgencia, todavía no es una realidad. Y es que, según indica la Conselleria de Vivienda a LAS PROVINCIAS, la previsión es que sea en un mes cuando se apruebe el registro de grandes tenedores –propietarios con más de diez inmuebles– para poder controlar la situación de estas viviendas e instar a los dueños –muchos de ellos, fondos de inversión– a que las saquen al mercado. Esta herramienta se regula a través del decreto 130/202, aprobado en octubre de 2021, pero su idea se remonta a 2017, cuando se dio luz verde a la Ley por la Función Social de la Vivienda, bajo la conselleria de Maria José Salvador, la cual contemplaba la creación de este registro y la intervención sobre viviendas deshabitadas.

Por lo pronto, lo que sí está en marcha es el registro de inmuebles vacíos, que en la Comunitat se sitúan en 331 actualmente, según datos de la conselleria. En concreto, esta herramienta está en vigor desde octubre de 2022, un año después de que se aprobara el decreto. Sin embargo, no será hasta marzo cuando la Generalitat pueda sancionar a los propietarios que mantengan sus pisos y casas vacíos, ya que deben pasar seis meses desde de que la Administración les comunica la declaración de inmueble deshabitado.

Según explica el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, el tiempo que ha pasado desde que se aprobó el decreto en octubre de 2021 hasta que se han declarado las primeras viviendas vacías se debe al propio procedimiento; primero la Generalitat tuvo que contabilizar los inmuebles inactivos en la Comunitat para comunicárselo a los propietarios, que disponían de un tiempo para cambiar el estado de los mismos; posteriormente, si continuaban igual, se declaraba la situación de vivienda deshabitada a aquellas que llevaban un año sin ningún uso.

Después de declararse esta condición de deshabitadas –en octubre de 2022–, los propietarios cuentan con seis meses para dar un uso a estos inmuebles y, así, evitar un expediente sancionador. «La finalidad de esta herramienta no es punitiva, es una fórmula para movilizar el mercado y conseguir que se saquen viviendas, ya sea en alquiler, compraventa o se les dé uso personal», explica Aguilar a LAS PROVINCIAS.

No obstante, el registro de grandes tenedores, todavía pendiente, va un paso más allá y pretende controlar a los propietarios con más de diez inmuebles para que den salida a los pisos y casas que lleven más de un año vacíos. «Algunos de estos propietarios son fondos o empresas que tienen sede en otros países y a los que nos cuesta localizar, por ello este registro es importante, para permitirnos tener un control y una comunicación constante», cuenta Aguilar.

Este sistema de control sobre grandes propietarios tiene como objetivo, según Aguilar, tener una imagen clara del gran tenedor en la Comunitat para poder aliviar los precios del mercado. «Lo que perseguimos con este decreto ley es regular de una forma más concreta la actividad de los grandes tenedores, que cada seis meses deben comunicar el estado de sus inmuebles. De este modo, se cumple la función social de la vivienda pero, también, se fomenta la actividad inmobiliaria, lo que beneficia al empresario. No obstante, tiene que ser a precios asequibles para que se cumpla esa función», cuenta.

Las multas coercitivas serán equivalentes al precio mensual de un alquiler de una vivienda de protección pública de los mismos metros. Las sanciones por infracciones graves van desde 10.000 a 350.000 euros.