Sociedades pantalla y alquileres ilegales: las promociones que llegan a la Sareb

Esta situación, que deja al inquilino en una tesitura de incertidumbre y vulnerabilidad, es el pan de cada día con el que se topa la Sareb. Actualmente, «hay más de media docena de casos judicializados» en la Comunitat Valenciana, según explican fuentes de la entidad. Estos promotores, a los que Sareb le está reclamando la deuda heredada de las antiguas cajas, entregaron a una empresa explotadora los edificios para que alquilara las viviendas.

«Son casos que se suman a múltiples pleitos que tenemos por este mismo asunto en toda España», señalan desde el conocido 'banco malo', que nació en 2012 para absorber todos los préstamos y activos inmobiliarios procedentes de las cajas de ahorro o filiales de las cajas que recibieron ayudas públicas –como Banco de Valencia–. Todos eran préstamos a constructores y promotores en la época del boom inmobiliario.

El trabajo de la compañía, tal y como explican, es lograr el pago hasta el final o reclamar el impago mediante un proceso judicial que en muchas ocasiones se retrasa durante años. «En ese tiempo, hay deudores que aprovechan para seguir sacando un beneficio de las viviendas con esta fórmula de alquilar de manera irregular», explican a este periódico.

A la hora de adjudicar las viviendas al nuevo propietario, muchos vecinos se encuentran con que sus contratos no son legales. Cabe recordar que siempre son los jueces quienes determinan si un contrato es legal y vigente o no lo es. «Sareb acata la decisión judicial de cada caso y siempre estudia soluciones individualizadas para los afectados», añaden las mismas fuentes en referencia a los casos mediáticos en los que se señala a la entidad como autor de desahucios.

Es decir, es el juez el que dictamina una ejecución hipotecaria sobre el promotor, que es el sujeto al que se le reclama la deuda. Cuando el empresario entrega unas viviendas a una empresa explotadora –que es la que firma los contratos ilegales– a cambio de una cuantía económica, no solo puede estar cometiendo un posible fraude contra el inquilino, sino que también es un daño al patrimonio público, puesto que la misión de la Sareb es recuperar esos inmuebles y venderlos para repagar deuda pública.

En otras ocasiones, en lugar de entregar los edificios a una empresa explotadora, el deudor gestiona los alquileres a través de una sociedad interpuesta para obtener un rendimiento económico mientras las viviendas están en un procedimiento judicial. En estos casos, Sareb aegura que intenta buscar una solución para las personas vulnerables que se encuentran en ese limbo por no contar con contrato legal. «La compañía cuenta con un programa de alquiler social con acompañamiento que previo informe de los Servicios Sociales permite a esas personas continuar en la vivienda con un alquiler bonificado por Sareb y adaptado a sus ingresos», señalan.

En los casos en los que no hay vulnerabilidad, la compañía ofrece la compra preferente de la vivienda. En casos en los que el juez determina que el contrato es legal, Sareb «subroga manteniendo condiciones»