Soler complica el cobro de la deducción por alquiler al exigir un nuevo requisito

Como cada año, los miles de valencianos que viven de alquiler y tienen derecho a la deducción autonómica por arrendamiento de vivienda habitual incluyeron esa circunstancia en su declaración de la renta para beneficiarse de una ayuda que puede alcanzar los 700 euros para menores de 35 años, hasta 850 euros si tienen una discapacidad física, psíquica o sensorial.

En esta ocasión, no obstante, muchos de ellos se han topado, sin publicidad previa por parte de la Administración, con un nuevo requisito que complica la percepción de esos fondos: la exigencia de haber presentado, antes de la declaración de la renta, la correspondiente autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados.

Se trata del tributo que deben abonar los compradores de viviendas de segunda mano, igualmente exigible aunque menos conocido para quienes optan por alquilar. De hecho, los arrendamientos de vivienda para uso permanente están exentos del ITP desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2019 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para un alquiler con contrato de un año y una renta mensual de 640 euros, ese impuesto apenas supera los treinta euros, pero se ha convertido ahora en motivo de la apertura de procedimientos de comprobación limitada por parte de la Agencia Tributaria, abocados a la denegación de esa deducción autonómica. En una situación similar se encuentran buena parte de los inquilinos de Madrid, que también exigió el ITP, en lo que se interpretó desde Podemos como una medida para ahorrarse esa deducción y «un ataque al bolsillo de las clases populares».

Se da la circunstancia, además, de que el requisito introducido por la conselleria que dirige el socialista Vicent Soler en la última campaña de la renta va más allá de lo previsto en la normativa tributaria al exigir, además de la presentación de la autoliquidación del ITP, que ésta se haya producido antes de entregar la declaración de la renta.

Según señalan fuentes jurídicas, esta última circunstancia podría derivar en futuras reclamaciones judiciales por parte de los afectados.

No es la primera vez que los beneficiarios de la deducción por alquiler de vivienda habitual tienen que sortear nuevas exigencias de la Conselleria de Hacienda para acceder a la ayuda prometida a los inquilinos desde la Administración.

En anteriores rentas como las de 2016 y 2017, el requisito de haber constituido el depósito de la fianza antes de que finalizase el periodo impositivo ya dio quebraderos de cabeza a numerosos inquilinos valencianos, sobre todo porque la obligación de depositar la fianza corresponde al casero. Por tanto, el inquilino en ocasiones ni siquiera cuenta con la documentación que acredita su cumplimiento y que el fisco le pedía entonces para dar luz verde a esa cuantiosa deducción.

Según datos de la Agencia Tributaria, cerca de 27.500 declarantes de la Comunitat Valenciana incluyeron esa deducción en la declaración de la renta de 2017 –últimos datos disponibles–, con un importe global superior a los 10,6 millones de euros y una media de 388 euros.

Desde 2015, más de 21.000 contribuyentes valencianos solicitan esa deducción. En 2017 fue la que conllevó un mayor desembolso de las arcas públicas valencianas, casi una cuarta parte del montante total de las deducciones autonómicas, seguida de la correspondiente al nacimiento, adopción o acogimiento familiar, solicitada por 55.800 declarantes que suman algo más de 10,4 millones de euros, 186 euros de media.