Los valencianos aceleran la compra de inmuebles ante el alza del impuesto a las hipotecas

El cambio de año siempre es un punto de no retorno, especialmente en lo fiscal. Así lo evidencian muchos valencianos que están ultimando la compra de un inmueble. A diferencia de otros ejercicios, son pocas las diferencias fundamentales entre la tributación que pesa sobre los contribuyentes o la repercusión que sobre ellos puede tener la que asumirán las piezas del engranaje de sus operaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que no hay cambios.

Éste es el caso del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que en la Comunitat Valenciana va a pasar con el cambio de año del 1,5% al 2%. Aunque el Tribunal Supremo estableció que sean los bancos quienes paguen este impuesto y se está a la espera de la resolución de la justicia europea, no pocos compradores prevén que las entidades repercutan este alza por medio del tipo aplicado o a través de las cuotas de los seguros que acompañan a la concesión de los préstamos hipotecarios.

Esta modificación no ha sido tan popular como en años anteriores lo fueron otras de distinto calibre, según reconoce Óscar Rodríguez, de la inmobiliaria OC Habitat, del Olivares Consultores. Sin embargo, esto no significa que no se haya notado en unos meses de estancamiento de la demanda y moderación de los precios como los que está viviendo el sector.

Rodríguez señala que la incertidumbre política en España está apreciándose en el comportamiento del comprador extranjero, especialmente. Al sumarse esto a que la banca tampoco está dando facilidades para la contratación de hipotecas se ha entrado en un periodo de contención, «pero no parón», según el profesional.

Tampoco ayuda la fiscalidad valenciana frente a la de otros territorios, ya que en casos como el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, los contribuyentes valencianos han de responder con el 10% de la operación, mientras que otras autonomías tienen fijado el impuesto entre el 4% y 6%.

En la Comunitat Valenciana, la tributación autonómica en materia del IRPF se mantiene sin cambios entre el ejercicio 2018 y 2019, no habiéndose incorporado nuevos beneficios fiscales. «En la actualidad, sigue siendo una de las autonomías donde la tributación cedida es mayor a nivel nacional. Esto afecta a los impuestos cedidos como son Renta (parcialmente cedido), Impuesto sobre Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados», apunta Marta Pascual Ramada, abogada de PwC Jurídico Fiscal.

Entre las modificiaciones establecidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto de la Generalitat, en el ejercicio 2020 se ha modificado el tipo impositivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, pero también la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para participaciones, nuevamente limitado a las empresas de reducida dimensión y la transmisión de negocios agrícolas, que pasada del 95% general al 99%.

Todo ello a pesar de que la Comunitat Valenciana tiene uno de los sistemas más gravosos para los contribuyentes por sus impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de ser una de las más duras con las rentas más altas a la hora de aplicar el IRPF, según demuestra el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal que elabora anualmente el 'think tank' económico Fundación para el Avance de la Libertad.

Entre 2017 a 2019, la Comunitat ha empeorado su puntuación global en el ranking al no haberse emprendido reformas de ninguna clase en materia tributaria, según advierten los autores del informe. Por ello, obtiene en la edición de 2019 una nota de 5,29 puntos, frente al 7,6 que logra Vizcaya y el 7,02 de Madrid. Únicamente salen peor paradas Cataluña, que obtiene un 4,90, Asturias (5,12) y Aragón (5,27).