Las viviendas que no se podrán vender ni alquilar a partir de 2030
La mayoría de los inmuebles usados no cumplen con los estándares de accesibilidad, confort y eficiencia energética
Con la vista puesta en la sostenibilidad y la eficiencia energética, el mercado inmobiliario europeo está a punto de experimentar un cambio significativo. En España, donde el parque de vivienda está considerablemente envejecido, esta transformación tendrá un impacto profundo. Teniendo en cuenta que la edad media de las viviendas usadas es de 43,5 años, muchas de ellas no cumplen con los estándares modernos de accesibilidad, confort y, lo más crítico, eficiencia energética.
La Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación de la Unión Europea establece que, a partir de 2030, todas las viviendas deberán tener una calificación energética mínima de E para poder ser vendidas o alquiladas. Esta normativa, que se debe transponer en un plazo de dos años, exigirá a los propietarios de viviendas realizar mejoras significativas en sus propiedades para cumplir con estos nuevos estándares. Tres años más tarde, en 2033, el requisito se endurecerá aún más, exigiendo una calificación mínima de D.
El 83% de viviendas no cumplen los requisitos
De acuerdo con la Asociación Nacional de Distribuidores de Materiales para la Construcción (Andimac), alrededor del 83% de las viviendas en España poseen una calificación energética de F o G, las más bajas en la escala de eficiencia. Esto implica que la mayoría de las viviendas no cumplen con los requisitos de eficiencia energética que serán obligatorios para vender o alquilar a partir de 2030.
En este contexto, para poder vender o alquilar sus viviendas en el futuro, los propietarios deberán acometer obras de rehabilitación y mejora energética. Estas obras pueden incluir desde la instalación de aislamiento térmico, la sustitución de ventanas y puertas por modelos más eficientes, hasta la modernización de sistemas de calefacción y aire acondicionado. La inversión necesaria para alcanzar estos estándares puede ser considerable, y aunque aún no se han definido completamente las ayudas y subvenciones disponibles, es probable que tanto los fondos europeos como las ayudas estatales jueguen un papel crucial en este proceso.
Además de la exigencia de una mejor calificación energética, la normativa también implica la obligatoriedad de disponer de un certificado de eficiencia energética, documento que ya es necesario desde 2013 para cualquier transacción inmobiliaria, y que ahora cobrará aún más importancia.
La implementación de esta normativa ha generado preocupación tanto entre propietarios como en el sector inmobiliario. Muchos temen que la necesidad de realizar costosas reformas pueda paralizar el mercado de compraventa y alquiler, reduciendo la oferta disponible y, por ende, aumentando los precios. No obstante, también se espera que estas medidas fomenten un boom en el sector de las reformas y la rehabilitación, creando empleo y estimulando la economía.
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