La Comunitat cierra el año con 1.675 viviendas protegidas licitadas para su construcción

Mazón indica que el objetivo del Plan Vive tiene como objetivo es la movilización del suelo público disponible tanto de la Generalitat como de los ayuntamientos para la construcción de vivienda protegida. En esta línea, Mazón señala que esta iniciativa «nace para dar respuesta a la falta de oferta de vivienda, la inseguridad jurídica existente en el mercado inmobiliario o la subida desmedida de precios». Asimismo, lamenta que no se construyera ninguna VPO en los ocho años anteriores a su gobierno.

«Para este Consell era inaplazable priorizar la promoción de inmuebles públicos ante la alta demanda de miles de jóvenes y familias para acceder a una vivienda», señala Mazón.

Licitaciones en 12 municipios

Mazón ha avanzado que «esta licitación que contempla suelo para la construcción de alrededor de 1.675 viviendas es un paso firme en el compromiso del Consell de avanzar en la legislatura de la vivienda», al tiempo que ha señalado que «a lo largo de 2025 vamos a activar nuevas licitaciones que nos permitan avanzar en el compromiso de las 10.000 viviendas esta legislatura».

En concreto, en estas primeras operaciones se han aprobado en la provincia de Alicante proyectos que alcanzan los 1.186 inmuebles que se van a desarrollar en las localidades de Elche (73), Alicante (191), Sant Joan (70), San Vicente del Raspeig (126 viviendas), Torrevieja (629), Vila Joiosa (33), y Xàbia (64).

En la provincia de Valencia el número es de 386 viviendas en los municipios de Albal (37), Gandía (37), València (61) y Sagunto (233), mientras que en Castellón de la Plana se han licitado 121 viviendas.

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha destacado la colaboración con los ayuntamientos para «movilizar la mayor cantidad de suelo público disponible para la construcción de vivienda pública protegida».

Así, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) lleva a cabo esta actuación mediante colaboración público-privada, lo que supone la licitación mediante permuta a cambio de obra futura de suelos públicos para la construcción de vivienda protegida en régimen de venta y alquiler.

Las empresas que resulten adjudicatarias entregarán, en concepto de permuta, un número determinado de unidades de vivienda. Con ello, las administraciones públicas incrementarán su parque de vivienda que podrán destinar a alquiler asequible.