Una de las medidas que anunciaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dentro de su plan para atajar la crisis que sufre el mercado residencial por los elevados precios era que se transferirían las viviendas de la ... Sareb a la futura nueva empresa pública, que pasaría a gestionar directamente estos activos para que funcionen como alquileres sociales, principalmente.
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Sin embargo, el rimbombante anuncio (son 40.000 pisos en España) se va desinflando conforme se conocen datos y se va al detalle. En el caso de la Comunitat Valenciana, hay 6.645 unidades que son propiedad del conocido como 'banco malo', llamado así por aglutinar los activos que tenían entidades bancarias y promotores que acabaron en quiebra por la crisis inmobiliaria y que no pudieron ser terminadas o vendidas. Sin embargo, esas 6.645 no se sumarían como nuevos alquileres en la región, puesto que el 40% se encuentran habitadas actualmente, según indica a LAS PROVINCIAS la Sareb.
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En concreto, dentro de esos 3.000 pisos ocupados, algunos cuentan con inquilinos legales, pero también los hay con okupas o, incluso, gente que cuenta con contratos de alquiler irregulares o ilegales, según explican desde la entidad a este periódico. «Una vez nos llega una nueva vivienda, vamos a verla y comprobamos si está habitada o no, porque no siempre lo sabemos. A veces el propio juez llama a los vecinos y nos informa. El juez comprueba que los contratos son legales o no. En un porcentaje muy alto los contratos son ilegales», señalan desde el banco malo.
En el año 2022, la Sareb pasó a ser una empresa pública con función de utilidad social. «Si nos llega una vivienda con una persona con contrato legal, nosotros lo subrogamos. Si es ilegal valoramos si esa persona presenta vulnerabilidad. La Sareb se compromete a ayudarles a través de un programa social que tenemos», asegura la entidad, que indica que algunos casos de desahucios más mediáticos suelen implicar otros factores complejos, como la intervención de servicios sociales por la situación en la que se encuentran los menores de esos hogares.
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Elísabeth Rodríguez
El ministerio, preguntado por este periódico, explica que la transferencia de las viviendas de la Sareb a la empresa pública se hará en dos fases, primero una de 17.000 y otra de 13.000 «en estos primeros meses». Las mismas fuentes explican que la compañía pública deberá «hacer cribado de todas ellas» para asegurar exactamente de cuántas dispondrá y cuántas pasarán a formar parte del parque público y, así, gestionar su alquiler. Actualmente, la Sareb cuenta con 8.000 alquileres sociales.
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