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Vista general de viviendas en construción EFE/Miguel Ángel Polo
Qué es la zona tensionada según la nueva Ley de Vivienda y cómo afecta a los inquilinos

Qué es la zona tensionada según la nueva Ley de Vivienda y cómo afecta a los inquilinos

La nueva normativa, impulsada por el Gobierno, fijará un tope al precio del alquiler aunque no en todos los casos

DM

Lunes, 17 de abril 2023, 01:20

Tras el acuerdo alcanzado justo antes de las elecciones entre los partidos del Gobierno de coalición y los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, la Ley de Vivienda ya es una realidad. Una normativa que permitirá consolidar el tope al precio del alquiler en todo el territorio nacional y rebajar de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores, entre otras cosas.

En este sentido, la norma mantendrá en materia de subidas de alquileres el límite del 2% para este año, mientras que se incrementará a un 3% en 2024 para, en el futuro, crear un nuevo tope. A partir de 2025, se creará un índice específico para todo el territorio nacional.

Aún se desconoce cómo se calculará, sin embargo en el acuerdo se ha pactado que nunca pueda superar el IPC de cada año. En zonas tensionadas, tanto para contratos en vigor como antiguos, el tope cuando finalice el periodo de prórroga será el que marque el contrato en vigor, salvo que se pacte entre las partes. En todo caso, el propietario tendrá que mantener el precio si así lo solicita el inquilino.

Pero, ¿qué es exactamente una zona tensionada?

Una zona sea considerada tensionada cuando cumpla una de dos condiciones: la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos (frente a los cinco propuestos por el Gobierno) por encima del IPC en los cinco años anteriores.

No obstante, la última potestad la tendrán las comunidades autónomas que serán quienes decidan si hay o no zona tensionada, por lo que comunidades como Madrid o Andalucía podrían decidir no hacerlo.

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