Las VTC valencianas cargan contra el Gobierno y confían en gestos del nuevo Consell

La nueva regulación aprobada por el Gobierno que crea nuevas vías para bloquear más licencias de VTC ha caído como un jarro de agua fría en el sector valenciano conformado por unos 600 profesionales. La enésima restricción llega en un clima de enfrentamiento judicial con todas las administraciones y la única esperanza del sector es que el cambio político materializado en las elecciones del pasado 28 de mayo les pueda dar algo de aire.

Porque las competencias relativas a empresas como Cabify están divididas entre las tres administraciones. El Gobierno es el que tiene en su mano crear la legislación marco y fue el que aprobó la norma base que limita las licencias a una cada 30 taxis que ha sido tumbada por la Unión Europea. Ahora ha lanzado un nuevo decreto consensuado con el Taxi que, en la práctica, impide a las autonomías dar más licencias para operar en las áreas urbanas.

El presidente de Movea Comunitat Valenciana, Ricardo González, asegura que el nuevo marco regulatorio «es saltarse la sentencia europea» ya que, en la práctica, volverá a impedir que se autorice que nuevos vehículos salgan a las calles. Una situación que deja la flota en las mismas condiciones en las que estaba ya que siguen vigente las autorizaciones previas, que superaban a la norma 30-1 al ser previas. Por ello, González critica al Gobierno y avanza que las asociaciones volverán a los tribunales, donde han cosechado varias victorias.

Por su parte, las autonomías tienen en su mano restringir de una manera u otra la actividad de las VTC. En el caso de la Comunitat Valenciana el Botánico apostó por imponer una precontratación previa de 30 minutos que impedía el funcionamiento real y que llevó a la salida del mercado de Uber, aunque Cabify la sorteó con un resquicio legal.

Por otro lado, se evitó regular las licencias caducadas pese a los avisos de Competencia, lo que ha fomentado un limbo legal. Las VTC consideran que en este contexto pueden seguir operando. Con el futuro Consell encabezado por el PP y Carlos Mazón y compartido con Vox esperan que se impulse una regulación como en Andalucía o Madrid y que se pueda poner fin a las restricciones de precontratación, lo que podría favorecer el retorno de Uber.

Y, por último, queda el Ayuntamiento de Valencia, que emprendió una agresiva política contra los VTC, con los que los representantes de Compromís ni siquiera se sentaron a hablar. Pero las sensaciones con el nuevo Ejecutivo popular de María José Catalá son mejores y esperan que pronto llegará algún gesto como retirar el recurso interpuesto por el consistorio después de que el TSJ les diera la razón.

El tribunal tumbó los vetos a la prohibición de estacionamiento en aeropuertos, centros comerciales y otros lugares de gran concentración y generación de demanda de servicios de transporte y la prohibición de la captación de clientela mediante geolocalización. Cuestiones que les ha valido todo tipo de multas e inmovilizaciones de vehículos.

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