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Se busca comprador para el yate que adquirió el Puerto de Valencia para la Copa América, por 4,1 millones de euros, con fines institucionales. Tras la enésima subasta declarada desierta por no recibir ni una sola oferta, se da por agotada esa vía y la Autoridad Portuaria tiene un año para venderla –ya sin pujas– por poco más de un millón de euros, la cuarta parte de lo que pagó por la embarcación en 2007.
Según confirman a LAS PROVINCIAS desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el plazo de presentación de ofertas para la última subasta expiró el pasado 16 de enero sin haber recibido ninguna propuesta económica, a pesar de las sucesivas rebajas del precio de salida, que pasó de 1,5 a 1,1 millones.
Ese último importe es el que deberán pagar los interesados en hacerse con el yate, que conlleva unos gastos anuales de mantenimiento de 400.000 euros y está en el Puerto de Gandia, en la siguiente fase de adjudicación por venta directa.
Cabe recordar que, previamente, ya se saldaron con ese mismo resultado en blanco las pujas organizadas en 2015, a partir de 1,9 millones, y a principios de 2017 por 1,75 millones, poco más de un tercio de lo que en su día costó el yate.
La embarcación, envuelta en la polémica desde su adquisición, está incluida en la investigación que mantiene abierta el juzgado de Instrucción número 14 sobre la gestión del expresidente Rafael Aznar al frente de la Autoridad Portuaria. Las principales pesquisas giran alrededor de la adjudicación de determinadas obras en el recinto, la compra del yate y la contratación del plan estratégico de la institución.
De hecho, la última diligencia acordada afecta precisamente a la embarcación. Como publicó este periódico, el informe del perito judicial que analizó el yate adquirido por la Autoridad Portuaria de Valencia, un ingeniero naval, no deja en buen lugar ni la embarcación ni el proceso de contratación. Ni siquiera la utilidad de semejante adquisición.
El peritaje apunta que el periodo de la presentación de ofertas para construir la embarcación se dejó en un mes, cuando lo habitual es un trimestre. Además, revela una importante diferencia económica –rondaría los 700.000 euros– entre el valor de la embarcación y lo que se pagó por ella. Fuentes cercanas al investigado rebaten este dato y apuntan a la existencia de otro informe independiente que sitúa el valor del yate en una cantidad mucho más elevada.
Ese informe llama la atención acerca del escaso rigor del contrato para la construcción del famoso yate, que mide 28 metros de eslora y tiene capacidad para 50 personas. Destaca, por ejemplo, que no detallaran los materiales que se iban a emplear. También cuestiona la utilidad de un barco como una especie de oficina móvil y considera que hubiera sido más rentable invertir esa cantidad en unas dependencias en tierra. Uno de los informes de la Intervención del Estado, que dio origen a la causa, calificó el desembolso de "suntuario" y "superfluo" a los intereses generales. Antes de la compra, se había alquilado una embarcación por 150.000 euros.
El caso, que partió de un anónimo y los informes de la Intervención General del Estado, se dividió en dos piezas. La primera, el cobro de sobresueldos por parte de Aznar y otros exdirectivos a través de una empresa vinculada a la APV, se cerró a mediados de 2016 cuando la Audiencia corrigió la decisión del juez de procesar a Aznar. Ahora sólo queda la segunda, el análisis de la gestión.
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