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INÉS HERRERO
Valencia
Miércoles, 21 de marzo 2018, 23:21
La libertad horaria se someterá a examen cada cuatro años. La declaración de zona de gran afluencia turística (ZGAT) no caducará como pretendían inicialmente desde la conselleria que dirige Rafael Climent, pero cada ayuntamiento deberá justificar un año antes de que expire ese plazo de vigencia que sigue cumpliendo los requisitos por los que se autorizó la libertad horaria para seguir abriendo en festivo.
Así lo prevé el borrador del reglamento, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, que desarrolla los procedimientos administrativos para la fijación de horarios y días con apertura comercial en la Comunitat Valenciana. Se trata de un proyecto de decreto que plasma la modificación normativa para incluir el pacto del sector sobre horarios comerciales y se someterá a un plazo de alegaciones de quince días hábiles, una vez publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Ese reglamento, que se aguardaba con expectación en el seno del comercio, ha sido recibido con cierta preocupación por los representantes de las grandes superficies o los supermercados, que preparan ya sus alegaciones para evitar que el texto genere nuevos conflictos en un sector ansioso por pasar página y dejar de hablar de horarios.
Joaquín Cerveró, portavoz de Anged en la Comunitat, adelantó a este periódico en una entrevista reciente que les inquietaba que la mayor autonomía municipal para deshabilitar festivos o la revisión de las zonas turísticas pudiesen desvirtuar el espíritu del Acuerdo de la Lonja. Y ambos puntos están recogidos en el reglamento, que permite a los ayuntamientos solicitar el cierre de los comercios del municipio en hasta dos festivos autonómicos o nacionales si coinciden con festivos locales o «situaciones excepcionales de análoga trascendencia». Siempre, eso sí, que respete el mínimo de diez festivos de apertura anuales y los autorizados por acumulación.
Ese punto no sólo preocupa a las grandes superficies, sino también a los supermercados representados por Asucova, al considerar que «introduce arbitrariedad y puede generar problemas donde no los había».
Y lo mismo sucede con la revisión de zonas turísticas, al limitar su vigencia a cuatro años y fijar una prórroga automática por otros tantos, siempre que el ayuntamiento acredite en un informe que sigue cumpliendo los requisitos, como un mínimo de plazas hoteleras o segundas residencias. Si seis meses antes de que expire el plazo no lo entrega, la Dirección General de Comercio se lo pedirá y si no hay respuesta, incoará un expediente de revocación de la zona de libre apertura.
Cabe recordar que la Abogacía General de la Generalitat expresó sus reparos acerca de limitar la vigencia de las zonas turísticas y advirtió de que podría suponer un nuevo choque con el Gobierno, como el surgido por la pretensión del Consell de Fabra de revisarlas a los dos años.
Desde Comercio, que a finales de 2015 suprimió esa revisión obligatoria para evitar un recurso de inconstitucionalidad, argumentan que «ahora no pierden la vigencia, sólo se dice cómo acreditar que siguen cumpliendo las circunstancias» para abrir en festivo, como prevé la ley.
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