La acampada protesta amenaza con convertirse en permanente

Guadalupe Herrerías, sobre quien planea una inminente orden de desahucio después de haber obtenido una negativa en la petición moratoria presentada en los juzgados, lleva tres días acampando simbólicamente en la Plaça de Baix, junto a la fachada del Ayuntamiento. Una protesta que realiza de 8 a 15 horas para pedir una vivienda social en la que poder vivir junto a su familia y sobre la que aseguró que «si soy finalmente desahuciada, no me quedará otra que venir aquí a acampar hasta obtener una solución».

Una situación que no ha pasado desapercibida para el equipo de gobierno, ya que ayer aseguraron sobre la situación de Herrerías que «el Ayuntamiento no dispone de viviendas sociales y la única labor que puede realizar es la de intermediar para intentar que obtenga un alquiler social». Una vía, la de pagar una cantidad asequible al mes, que la financiera a la que la afectada adeuda cerca de 100.000 ya rechazó en su día.

Asimismo, desde el consistorio aseguraron que Herrerías tiene una ayuda autonómica de renta garantizada aprobada desde el 1 de mayo que consta de 417 euros al mes, una cantidad que, según aseguró la afectada, «no he recibido en ningún momento, ni la notificación ni la cuantía que dicen». Se trata de una ayuda que, de materializarse, no sería suficiente para afrontar el pago de una hipoteca cercana a los 700 euros, ya que los pocos ingresos que recibe, sobre todo de ayudas familiares y trabajos esporádicos, los emplea en cubrir las necesidades básicas de sus dos hijos, uno de ellos con una minusvalía del 38%.

Se trata de una situación «límite», según aseguran desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que en todo momento acompañan a Herrerías durante su protesta. Los compañeros y simpatizantes de la afectada están en todo momento con ella para ayudarla en las tareas de información y para recoger firmas de ciudadanos a favor de mociones que desde la plataforma quiere presentar para intentar que haya una mayor implicación municipal en estos casos.

«He pedido una vivienda social hasta en cuatro ocasiones y la última contestación que tuve fue la de la persona que me atendió en el Prop asegurándome que podrían tardar hasta dos años en tener una contestación», explicó Herrerías. Un tiempo del que no dispone la afectada ya que, según apuntó, «el nuevo aviso de desahucio puede ser inminente». Situación ante la que, si llega a materializarse, abocará a Herrerías a vivir en la calle.

«Si finalmente soy desahuciada, no me quedará otra que pedir ayuda a algún familiar para que dé cobijo a mis hijos y seguir luchando contra lo que creo que es injusto», aseveró la afectada.