El TSJ de Murcia ratifica la suspensión del corte de agua a los regantes de El Canal

La Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) da la razón a los comuneros de la comunidad de base El Canal y se reafirma en su decisión de suspender la medida de corte de agua acordada por la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante (margen izquierda) el pasado 22 de febrero. Un acuerdo asambleario de la Comunidad General, adoptado únicamente por un voto de diferencia, que finalmente dejó sin suministro a cerca de 7.000 agricultores durante algo más de 24 horas el pasado 5 de marzo. El motivo: una supuesta deuda de 740.000 euros que la comunidad de regantes ilicitana, la mayor de las ocho que integran Riegos de Levante, no reconoce.

Se trata de la primera vez en la historia de Riegos de Levante que una comunidad de base es respaldada por un tribunal de este calibre. Un asunto que es competencia del TSJRM debido a que la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo al que recurrió El Canal, desestimó en un primer momento el recurso de alzada interpuesto para evitar la medida de corte de suministro adoptada por la Asamblea General de Riegos de Levante el pasado 22 de marzo.

No obstante, los magistrados de la Sección Segunda entienden que Riegos de Levante «no ha acreditado que se vaya a producir el corte de suministro de aguas por parte del Sindicato Central -entidad a la que adeudan 1.587.615,24 euros-, por el hecho de suspender la ejecutividad en esta pieza». Lo que quiere decir que la supuesta deuda que mantiene El Canal con Riegos de Levante, que asciende a algo más de 740.000 euros, no sería la única causa de un futuro corte de suministro por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por impagos.

Así, según el auto, «aunque la actora -El Canal- saldara su deuda, todavía quedarían por abonar al Sindicato Central la cantidad de 846.730,15 euros; por lo que es evidente que la única deudora no es la comunidad actora». Además, los magistrados entienden que «se trata de una cantidad que corresponde a deudas del resto de comunidades de base, sin que a éstas se les haya amenazado con el corte de suministro».

Asimismo, consideran que «no hay motivo para dudar de la capacidad económica de El Canal», debido al aval bancario que presentó la comunidad de regantes ilicitana en la sede de Riegos de Levante, y emplaza la resolución del conflicto al Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana (TEAR-CV), institución judicial que determinará si finalmente El Canal debe pagar la cantidad reclamada.

Asimismo, pese a que el mismo día en el que el corte de agua se hizo efectivo el presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, decidió restablecer el suministro en lo que calificó de «un ejercicio de responsabilidad para evitar un daño irreparable en el sector agrícola ilicitano», el auto de la Sección Segunda del TSJRM entiende que «la ejecución de la medida de prohibición del uso del agua acordada causa perjuicios a todos los integrantes de la comunidad de regantes actora -El Canal- ante la ausencia de lluvias en la zona afectada». Se trata, según los magistrados, de una actuación que iría contra los intereses de los agricultores y que afectaría al desarrollo económico del sector.

El presidente de El Canal, Javier Berenguer, aseguró ayer a este diario que «el auto demuestra que nosotros hacemos bien las cosas y los comuneros ilicitanos pueden estar tranquilos». No obstante, apuntó Berenguer, «ahora estamos a expensas de la decisión que dictamine el Tribunal Económico Administrativo Regional sobre una deuda que a nosotros no nos consta». Un pronunciamiento que el presidente de El Canal espera que sea antes del próximo mes de junio.

Por lo que a Riegos de Levante respecta, su portavoz, Ángel Urbina, aseguró que «no hay nada nuevo en este auto» y la resolución del conflicto depende ahora del dictamen del TEAR. Urbina señaló que «nuestro mayor problema ahora mismo es la sequía que estamos padeciendo y nuestra preocupación debe ser traer agua a la provincia».