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DAVID SEVILLA
Viernes, 4 de julio 2014, 01:24
La Comunidad General de Riegos de Levante (margen izquierda) deberá pagar 1.117 euros a Andrés Berenguer, hermano del presidente de la comunidad de base El Canal, por forzarle a coger 15 días de vacaciones el pasado mes de mayo. Un hecho por el que el afectado demandó a la empresa y, para evitar el juicio que tendría que haber tenido lugar ayer en el Juzgado de lo Social nº1 de Elche, llegaron al pertinente acuerdo de indemnización.
euros tendrá que pagar Riegos de Levante al trabajador tras forzarlo a coger vacaciones.
es el número de días de vacaciones forzadas por los que la Comunidad General tiene que indemnizar.
El episodio comenzó cuando a finales de mayo volvió a su puesto de trabajo como jefe de distribución de la Comunidad General, después de haber estado de baja por un accidente laboral, y se encontró con 15 días de vacaciones sin haberlas pedido. Una vez concluyó el periodo, el pasado 23 de junio cuando volvió a su puesto de trabajo y se encontró con que su ordenador ya no estaba. Posteriormente, esta misma semana ha sido suspendido de empleo y sueldo durante un periodo de dos meses. Una cuestión derivada de un expediente abierto por fotocopiar un documento de la entidad dirigido al gerente, José Manuel Miralles, en el que otro empleado realizaba un informe desfavorable sobre el afectado.
«Todo lo que está pasando afecta al bolsillo del comunero porque todos pagamos sus malas prácticas», aseguró Andrés Berenguer, sobre la cuantía que la Comunidad General debe abonarle tras la demanda interpuesta. Asimismo, el presidente de El Canal aseguró sobre los tres expedientes abiertos, que han terminado con otro de sus hermanos despedido, aunque todavía no se lo han notificado, que «se basan en informes que únicamente han tenido en cuenta el testimonio de los trabajadores y en ningún momento se ha preguntado sobre lo ocurrido a los afectados».
No obstante, sobre el hermano cesado de su puesto de trabajo como mecánico, el expediente abierto viene motivado, entre otros asuntos, por la supuesta sustracción de unos contadores que pertenecían a la comunidad de base Cuarto de Levante y Séptimo de La Peña. Una cuestión por la que el presidente de El Canal aseguró que «el presidente de la comunidad de regantes afectada es a su vez el instructor de los expedientes y, al ser parte en el asunto, no debería poder desempeñar esa función».
Cisma entre comunidades
Así con todo, el cisma en el seno de Riegos de Levante es evidente y quedó retratado en la asamblea extraordinaria del mes de febrero en la que decidieron cortar el suministro a El Canal por una deuda no reconocida de 740.000 euros. En aquella ocasión la decisión salió adelante con un voto de diferencia -29 contra 28 compromisarios-. No bastó el voto en bloque de las dos comunidades de base mayoritarias en la Comunidad General, El Canal y Tercer Canal, ya que las otras seis comunidades de base apoyaron la decisión.
«Hubo compromisarios de otras comunidades que en el mes de febrero votaron cortarse el agua en sus propios terrenos y no tiene lógica», apuntó el presidente de El Canal, quien añadió que «todas estas cuestiones judiciales y los procesos que hay abiertos las termina pagando el comunero y, cuando se votan ciertas cuestiones, se debe hacer en consideración a lo que es justo o no».
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