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SAMANTA SEMPERE / EFE
Miércoles, 10 de septiembre 2014, 01:57
Guadalupe Herrerías pudo respirar y llorar de alegría ayer, después de que el juzgado accediese a aplazar el segundo intento de desahucio de su vivienda, y lograse una nueva prórroga hasta el próximo 10 de diciembre. Tres meses durante los cuales intentará conseguir una vivienda o un alquiler social para ella y sus dos hijos de 14 años, uno de los cuales padece una incapacidad.
Frente al domicilio, en la calle Espronceda, se reunieron más de 200 personas. Entre ellas había representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de varios puntos de Alicante y Murcia. Asimismo, asistieron miembros de algunas formaciones políticas -las socialistas María Dolores Asencio y Modesta Salazar, y Mireia Mollà, de Compromís- y la concejala no adscrita Cristina Martínez, quien acompañó a Guadalupe Herrerías al juzgado.
Miembros de la plataforma utilizaron el megáfono para dirigirse a los asistentes. Sus mensajes estuvieron llenos de un espíritu reivindicativo y, sobre todo, mucho agradecimiento por la «presión social» ejercida ayer y en días anteriores. Tras la notificación del aplazamiento, Guadalupe agradeció, a las puertas de su domicilio y muy emocionada, el apoyo recibido por los ciudadanos y miembros del PAH, quienes la vitorearon y abrazado.
Coreando lemas como 'Todos somos Lupe' o 'Sí se puede', el grupo avanzó por las calles de la ciudad en dirección a la Plaça de Baix, donde pidieron que la alcaldesa Mercedes Alonso -que se encontraba en El Hondo en ese momento- se acercase a dialogar. Posteriormente se trasladaron a la entrada de la Alcaldía, en la Plaça de la Fruita y varios miembros de la PAH intentaron, sin éxito, acceder al edificio.
Elaboraron una pequeña nota en la que solicitaban una reunión para tratar el asunto y la introdujeron por el marco de la puerta, que se había cerrado y ante la que se colocaron varios policías. Posteriormente, la concejal de Acción Social María Dolores Serna, citó a Guadalupe Herrerías en su despacho. «Tenían la voluntad de convencernos de que hacían lo que podían, pero eso no resuelve los problemas de familias que se encuentran al borde de desahucio», dijo Gloria Marín, portavoz de la PAH, al salir de la cita.
Por su parte, María Dolores Serna declaró que el Ayuntamiento es «sensible» a las necesidades de este colectivo. Sin embargo, aseguró que, hoy por hoy, «no dispone de viviendas sociales» para ofrecer. Remarcó que seguirán ayudando a los afligidos en las gestiones necesarias y trasladarán sus quejas a las entidades bancarias o al juzgado.
La edil socialista María Dolores Asencio recordó que existía una moción aprobada en el pleno del mes de julio referente a este tema. En ella se estableció crear un fondo de vivienda social que se lleva reclamando desde hace tiempo. «Esperamos que se cumpla», dijo, «no podemos dejar abandonadas a estas personas».
El pasado 15 de abril, la PAH logró paralizar una anterior orden de desahucio, pero la prórroga de suspensión de dos años demandada entonces le fue denegada por haber pedido en su día el préstamo hipotecario a una financiera, ahora disuelta en un fondo 'buitre', y no a una entidad bancaria. En la actualidad, la deuda supera los 100.000 euros.
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