Recurren a Fabra para detener el Mercado

La plataforma Salvem El Mercat, que aglutina a varias asociaciones, sindicatos y grupos políticos del municipio, dio ayer un paso más en su empeño por paralizar el proyecto del nuevo Mercado Central y presentó un escrito en las oficinas del Prop dirigido a la Presidencia de la Generalitat en el que informan al presidente, Alberto Fabra, sobre la intención de demoler el actual edificio y le instan a poner fin a las pretensiones del consistorio.

Desde la plataforma aseguran en el escrito que «se trata de un empeño personal de la alcaldesa que implica la venta a un precio irrisorio del edificio donde se ubica el mercado y la construcción de un aparcamiento de 400 plazas que colapsaría el tráfico de toda la zona centro de la ciudad».

No obstante, el proyecto se encuentra en su última fase, ya que, tras conocerse las características de las dos propuestas presentadas, los técnicos municipales están realizando los informes que permitirán adjudicar, definitivamente, la construcción del nuevo edificio.

El escrito también hace hincapié a los restos arqueológicos encontrados tras realizar las catas en la Plaça de la Fruita. Así, asegura la plataforma, «con toda probabilidad seguirán apareciendo en las próximas excavaciones y suponen un valor histórico y cultural que por sí mismos obligarían a la paralización del proyecto».

Asimismo, desde la plataforma también alertan de «las consecuencias negativas de acabar con el actual desafío de estilo racionalista del Mercado Central, que supone una de las pocas construcciones de carácter industrial que permanecen en casco histórico del municipio, como también destacó el jefe del Servicio de Patrimonio de la Conselleria de Cultura».

Por otro lado, desde la plataforma también recuerdan que el Ayuntamiento incurriría en un incumplimiento de los edictos del Pleno, ya que el pasado 28 de agosto se aprobó por mayoría una moción en la que se instaba a la Junta de Gobierno a suspender el Plan de Reforma Interior hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se pronunciase sobre el recurso que existe sobre él y que admitió a trámite.

En la moción también se hace referencia a la paralización de la adjudicación del proyecto, aunque el equipo de gobierno hizo caso omiso y siguió con el proceso amparado en las competencias que le otorga la Junta de Gobierno. Así, afirman desde la plataforma, el equipo de gobierno incurriría en «un posible delito de prevaricación» al seguir adelante con el proyecto, «ignorando los mandatos del Pleno».

Proceso polémico

Se trata del enésimo episodio de un proyecto que enfrenta a partidarios y detractores. Por un lado, la amplia mayoría de los placeros que actualmente desarrollan su actividad económica en el Mercado Central ven con ojos esperanzadores la construcción de un nuevo edificio que incluya plazas de aparcamiento subterráneo. Según ha repetido en innumerables ocasiones su presidente, Diego Quiles, la revitalización del espacio comercial está supeditada a la posibilidad de que los clientes puedan acudir con sus vehículos a realizar sus compras.

Unos mercaderes que, con el paso del tiempo, están viendo como cada vez tienen menos clientela y como muchos de sus compañeros se han visto obligados a cerrar por no poder hacer frente a la situación económica derivada.

Por otro lado, la plataforma y grupos políticos simpatizantes como PSOE, Partido de Elche y Compromís, abogan por una rehabilitación del edificio que no suponga la cesión de espacio público a una empresa privada para su explotación.

Asimismo, según apunta el equipo de gobierno, se trata de un proyecto totalmente compatible con los restos arqueológicos encontrados y que pondrá en valor tanto los baños árabes como el refugio de la Guerra Civil existentes en la Plaça de la Fruita.

No obstante, los informes de la Dirección General de Patrimonio, ente dependiente de la Generalitat, que debían determinar el nivel de protección de los hallazgos y determinar si es necesaria la realización de nuevas catas arqueológicas, todavía no han trascendido o no están realizados cerca de cinco meses después de la conclusión de los trabajos.