Las obras del Mercado Central provisional acaban en los tribunales

Las obras del Mercado Central provisional acabarán en los juzgados la próxima semana. Según anunció ayer el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Rodes, su partido presentará un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para pedir la paralización de los trabajos de instalación de los puestos, en la avenida de la Comunitat Valenciana, como medida provisional. Unas obras que consideran «claramente ilegales».

Además, el PSOE trasladará a la Fiscalía el expediente al considerar que «podría haber un delito urbanístico o de prevaricación». Dos de las iniciativas judiciales con las que los socialistas amenazaron hace unas semanas, cuando denunciaron que el equipo de gobierno estaba incumpliendo la normativa municipal con las obras de este mercado.

Rodes insistió ayer sobre esto último al aseverar que las actuaciones «incumplen» varios artículos de la normativa del Plan General y se refirió, en concreto, al que hace referencia a las construcciones en zonas ajardinadas de titularidad pública y la prohibición de dar licencia para estos casos, así como al apartado sobre la admisión únicamente de pequeñas edificaciones en parques y jardines, para las que se pide el requisito de una ocupación máxima del 2% del espacio.

Asimismo aseveró que, tras conocer la documentación del expediente, el PSOE ha comprobado que «no existe ningún informe jurídico que avale la legalidad de los trabajos», solo un informe técnico «que solicita invadir la zona de jardín clasificada en el PGOU como Clave-G, pero no hay un informe jurídico que avale que esa ubicación es legal».

Para los socialistas, la alcaldesa «sigue saltándose a la torera la normativa municipal, mientras exige a los demás que cumplan la ley». En este sentido, Rodes acusó a Mercedes Alonso de seguir con la política «de poner activos públicos al servicio del interés privado», al considerar que el equipo de gobierno ha evitado a la empresa encargada de las obras solicitar la licencia oportuna «para impedir que se presentara un recurso».

El portavoz agregó que la decisión de llevar a los tribunales las obras del Mercado Central provisional se ha adoptado a sabiendas que la resolución judicial llegará con retraso, «cuando esta corporación ya no esté», pero con el fin de prevenir posibles situaciones de retorno del expediente sin tener que hacer frente a posibles indemnizaciones.

Escrito de Compromís

Por su parte, Compromís también anunció ayer que presentará un escrito administrativo «pidiendo la restauración de la legalidad urbanística para recuperar la zona verde que ha sido eliminada en contra de la normativa municipal».

Según la candidata a la Alcaldía, Mireia Mollà, la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «es muy clara» e indica que no se concederán licencias provisionales que implican construcciones en lugares destinados en espacios libres públicos, parques y jardines. Por ello afirmó que «la actuación de la empresa adjudicataria con el visto bueno del equipo de gobierno está incumpliendo la normativa urbanística».

En su escrito reclaman restaurar «la legalidad infringida, que comportaría derrocar la construcción actual y volver el terreno al estado anterior a las obras». Mollà aseguró que el Ayuntamiento está obligado a responder a este documento en un plazo de dos meses.

La candidata también señaló que el primer emplazamiento previsto para este mercado provisional estaba ubicado entre la Avenida Blasco Ibáñez y la calle Teodor Llorente y se preguntó por qué finalmente se optó por la actual situación. «Obviamente no estamos a favor de que se construya aquí, pero lo que queremos saber es por qué se ha decidido otra ubicación sin que exista ninguna indicación ni estudio al respecto, ni se hayan llevado a cabo los trámites necesarios para la modificación de lugar», agregó.

Para Compromís la alcaldesa ha demostrado «una incapacidad manifiesta» para gestionar el proyecto del Mercado Central.