El Ayuntamiento descarta rescindir el contrato con la adjudicataria del Mercado

Aunque el gobierno municipal anunció que antes de finales de año tiene la intención de dejar zanjado el futuro del nuevo Mercado Central de Elche, el alcalde, Carlos González, anunció ayer que el Ayuntamiento «no contempla» romper el contrato que la adjudicataria, la gallega Aparcisa, y el anterior equipo de gobierno firmaron meses antes de los comicios del pasado 24 de mayo. Según explicó, las arcas municipales no están en disposición de asumir ningún tipo de indemnización que, por el momento, constaría de todos los gastos efectuados por la empresa hasta ahora más la cantidad que se estime de daños y perjuicios.

«El anterior equipo de gobierno dejó el asunto muy avanzado y nuestra intención es trabajar por redefinir el proyecto», explicó el alcalde, quien manifestó su intención de que se pueda llegar a una acuerdo entre las partes implicadas -placeros, Aparcisa y Ayuntamiento- para «modificar y reorientar el proyecto», dijo.

Según explicó González, en la actualidad los técnicos municipales se encuentran analizando los documentos que el Ayuntamiento requirió a la empresa. Un informe económico, otro arqueológico y uno de tránsito que fueron entregados dentro del plazo establecido y que tienen como finalidad determinar la viabilidad del proyecto tal y como se propuso originalmente.

Asimismo, González aprovechó para pedir «flexibilidad» a los placeros y a la empresa adjudicataria de cara a las negociaciones para acordar otro modelo de mercado.

Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos, David Caballero, afirmó ayer que la entidad adjudicataria de la construcción y la explotación del nuevo mercado «está dispuesta» a llevar a cabo modificaciones en el proyecto inicial. Según explicó, en una reunión mantenida durante el pasado mes de julio con el arquitecto y un representante de Aparcisa ambos le transmitieron que estarían dispuestos a cambiar cuestiones relativas al diseño, aunque nunca se contemplaría renunciar a las tres plantas de aparcamiento subterráneo, ya que ahí reside el beneficio.

En cuanto a las modificaciones del proyecto que pretende el equipo de gobierno, Caballero explicó que todo lo que pase de un 10% de la propuesta inicial implicaría iniciar el proceso de nuevo. Una cuestión que llevaría al Ayuntamiento a rescindir el contrato actual y a asumir la indemnización pertinente que, según el concejal de Ciudadanos, sería de dos millones de euros más lo que se estime por daños y perjuicios.

Respecto a las negociaciones anunciadas por González, Caballero explicó que «del mismo modo que en cuestiones como los problemas del Elche CF, creemos que todos los partidos de la corporación municipal deben tener representación en los encuentros que se mantengan».

Así, Ciudadanos, tras consultar el informe de viabilidad económica y el contrato que el anterior equipo de gobierno firmó con la entidad, se desmarca de la plataforma Salvem el Mercat en su reivindicación de un proyecto de remodelación de las actuales instalaciones, ya que, bajo su punto de vista, la administración local no puede asumir los costes de romper el actual contrato. «Lo mejor ahora es llegar a un acuerdo y evitar una multa millonaria para el Ayuntamiento», explicó el concejal.

En cuanto a los placeros que ejercen su actividad profesional en el Mercado Central provisional, ya manifestaron su mejoría económica en las nuevas instalaciones, aunque su objetivo es que el proyecto salga adelante.

La adjudicataria ya manifestó su intención de no renunciar al aparcamiento subterráneo, punto más polémico del proyecto y en el que los partidos que conforman el equipo de gobierno -PSOE, Compromís e Ilicitanos- se mostraron en desacuerdo antes de que el proyecto se adjudicase definitivamente. Desde el punto de vista de Aparcisa, mantienen un contrato con la administración pública y, como tal, ha de cumplirse.

Asimismo, están a la espera de que se solucione la situación de los que todavía quedan en el inmueble para comenzar las catas arqueológicas previas para determinar si hay restos en el subsuelo y qué valor tienen. Una cuestión que deberá determinar la Dirección General de Patrimonio.