El TSJ rechaza la paralización cautelar del proyecto del Mercado Central

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso mediante el que un grupo de ciudadanos, algunos pertenecientes a la plataforma Salvem el Mercat, instó al órgano judicial a tomar medidas cautelares contra la «inactividad» del Ayuntamiento ante los acuerdos plenarios del 28 de julio de 2014.

Un Pleno en el que, tras la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP al pasar la edil Cristina Martínez al grupo de los no adscritos, la oposición en bloque aprobó una moción en la que se instó al equipo de gobierno a suspender el Plan de Reforma Interior (PRI) del Mercado Central hasta que el TSJCV resolviese el recurso de la plataforma en contra del proyecto, aprobado por la corporación en 2012. Además, en la moción también se instaba a paralizar la adjudicación a través de la Junta de Gobierno Local (JGL), integrada por los populares.

De este modo, el TSJ respalda el proceso de adjudicación al entender que el Pleno no podía suspender la aprobación del PRI, tal y como especificaba la moción, ya que se trata de una cuestión que, después de ser aprobada provisionalmente por el mismo órgano en julio de 2012, fue ratificada definitivamente por la Conselleria de Infraestructuras un año después y no es competencia del Pleno suspender la aprobación de dicho proyecto. No obstante, el auto deja claro que todavía existe un proceso abierto en el TSJ, que no ha sido resuelto.

Cabe recordar que el PRI fue aprobado por unanimidad en 2012 con los votos a favor de los ediles de todas las formaciones que componían la corporación hace tres años: PP, PSOE y Partido de Elche.

Por otro lado, la moción también recogía que se instase a la Junta de Gobierno a paralizar la adjudicación del Mercado Central, que por aquellas fechas todavía estaba por decidir. Según el auto del TSJ, la junta trasladó a los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento la petición acordada en el Pleno y es potestad de estos estudiar las posibilidades legales de paralizar el proceso que estaba en marcha.

Una cuestión que finalmente fue desestimada, ya que en diciembre de 2014, cinco meses después del acuerdo plenario, la construcción y la explotación del nuevo Mercado Central fue adjudicada a la gallega Aparcisa.

En relación con este tema, el grupo municipal de Ciudadanos ha pedido al gobierno local conocer «el estado jurídico en que se encuentra el Mercado Central y el provisional», ya que entre las demandas «existe una del propio PSOE cuando estaba en la oposición», según el portavoz, David Caballero.

Placeros contra «favoritismos»

El auto del TSJ se conoció momentos después de que los vendedores del mercado provisional leyeran un manifiesto en el que arremetieron ayer contra el PSOE al considerar que sufre «amnesia cultural».

Con estas declaraciones quisieron responder a los últimos informes técnicos que el equipo de gobierno ha dado a conocer a favor de la catalogación del viejo inmueble como edificio singular y la posibilidad de que se incluya en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que se pedirá para el patrimonio de la zona centro.

Agregaron que en los 15 años que duraron las negociaciones con los placeros sobre el nuevo proyecto, los socialistas no plantearon ninguna de estas «excusas» y les acusaron de llevar una política únicamente «de criticar lo que hizo el anterior gobierno». Por esta razón, pidieron al equipo de gobierno «que se olviden de patrimonios» y que la Plaça de la Fruita y la de las Flores «están ya súperexcavadas».

Asimismo exigieron al Ayuntamiento que dé a conocer el gasto que está ocasionando a las arcas municipales que el viejo mercado permanezca abierto «para el beneficio de solo una decena de vendedores, ocasionando un gasto de vigilancia, luz y agua». Puntualizaron que el provisional, en cambio, «no cuesta un euro» al Consistorio, al mantenerse por Aparcisa [la empresa adjudicataria] con los alquileres que el colectivo paga por los puestos.

En este sentido, también consideraron un agravio comparativo que los puestos de sus antiguos compañeros no estén pasando por las mismas inspecciones sanitarias que ellos, tal y como denunciaron, y afirmaron que en el antiguo mercado los puestos carecen de acondicionamiento, al no disponer de agua caliente.

Por todas estas cuestiones, aseveraron que «los favoritismos se tienen que acabar». Consideran que la medida cautelar que permite mantener abierto el antiguo mercado no tiene razón de ser. Comentaron que la adjudicataria mantiene cerrados los puestos que la jueza exigió para un posible traslado de los placeros del viejo edificio, al que, según el colectivo, han renunciado.