'Procés' cuasi interruptus

«-Son tiempos difíciles para los soñadores». De la película 'Amélie' (2001) de J. P. Jeunet.

Encontrábase el tripartito tan contento con su primer 'procés participatiu' (ojo: no confundir con el 'prucés' de otros lares), encaminado a la elección libre y democrática de alcaldes pedáneos cuando recibió no un jarro sino un 'poal' de agua fría con cubitos. Se lo echó encima la mismísima Subdelegación del Gobierno, mediante un sesudo y conspicuo informe de la Abogacía del Estado, que se percibe bien engrasada en esto de los 'processos' de toda índole y condición. Bien, pues decían los letrados públicos que el decreto del alcalde no respeta la legalidad, que tiene serias deficiencias democráticas, es extemporáneo y que retuerce el ordenamiento jurídico con tal violencia que la celebración de la consulta sería un fraude en toda regla. Le faltaba decir que quienes acudan a votar serán azotados en la plaza del pueblo o pedanía correspondiente, por participar en tal quebrantamiento legislativo-administrativo. Da la impresión, a la vista de estos terroríficos epítetos, de que el abogado de guardia ha copiado y pegado párrafos referidos a algún informe anterior sobre los movimientos de Artur Mas y sus adláteres separatistas, antes que evaluar la convocatoria de una modesta consulta ciudadana para proponer a unos simples pedáneos que luego serán nombrados por el alcalde, como establece la ley. El tripartito anunció, aún con el estupor a cuestas, que no pasaba nada, que la votación seguía adelante y que no se anulaba. Se iba a encargar un informe a la secretaria del Ayuntamiento a ver qué quería decir la notificación de la Subdelegación, pero que los servicios jurídicos municipales ya habían informado que estaba todo en regla. La cuestión es que la consulta a los vecinos de las pedanías se celebró ayer con total normalidad y buen ambiente -aunque poca participación-, pero ha adquirido un nuevo nivel en el que se mezclan las intrigas políticas y las maniobras en la oscuridad. Unos días antes, varios candidatos -que algunos que pasaban por allí situaron en las cercanías del PP- denunciaron que el 'procés' no estaba claro ni era participativo, llegando incluso a pedir los censos, extremo que como se apresuraron a explicar los compromisarios promotores de la consulta, Mireia Mollà y Felip Sànchez, además de ilegal, es inmoral y engorda. Los populares por boca del azote del tripartito, Vicente Granero, denunciaron que algo olía a podrido en todo este asunto, además de tacharlo de chapuza y de no tener ninguna garantía jurídica, adelantándose a lo que vendría al día siguiente desde Alicante. Para más abundamiento en la materia, un antiguo pedáneo nombrado por Mercedes Alonso y militante popular fue el que se chivó a la Subdelegación de que aquí se estaba fraguando un 'procés participatiu' cuyas consecuencias, en manos de los 'catalanistas' y 'separatistas' de Compromís, podría adquirir proporciones insospechadas. No es que en el PP estén en contra de la elección directa de pedáneos, una reivindicación que desde los tiempos de Manolo Ortuño han reclamado y propugnado en sus programas electorales, sino de que se haga de cualquier manera y sin garantías; vamos, que no lo controlen ellos, vienen a decir. Y eso que sus candidatos afines llevaban las de ganar. Pero ni aún así. Además, minutos después de hacerse público el comunicado del gobierno plural asegurando que la consulta seguía adelante, el centro de la ciudad se llenó espontáneamente de pasquines acusando al tripartito de desobedecer las leyes y alertando de que con tal ejemplo, el resto de la ciudadanía podría hacer lo mismo y, por ejemplo, negarse a pagar la 'subida' del IBI (esto último no lo ponía, pero se sobreentendía).

Y lo curioso de este asunto es que ayer vimos al alcalde defendiendo a capa y espada un 'procés' en el que ni él ni su partido han creído del todo, por decirlo suavemente. Según cuenta un señor que entró a tomarse un cortado al bar de la sede del PSOE, Carlos González y los suyos llegaron incluso a plantear a Compromís que no se realizara la votación, ante el previsible resultado de que la mayoría de los elegidos fuesen cercanos o directamente del PP. Los coaligados rechazaron de plano tal posibilidad, argumentando que o se hacía la votación o habría consecuencias, ya que eso estaba en el pacto de gobierno y era irrenunciable. Dado que Cristina Martínez, como responsable de pedanías, a la par que coaligada, se había sumado decididamente al 'procés', la primera autoridad no tuvo más remedio que echar adelante. Son las cosas de los tripartitos. Pero no solo en el gobierno plural. Según trascendió por fuentes generalmente desinformadas, entre la militancia popular había cierta zozobra e incomprensión por la frontal oposición del grupo municipal a esta votación, cuando veían en ella una oportunidad para hacerse con una parcela -pequeña, pero algo es algo- del poder municipal y utilizar a los pedáneos afines como puntas de lanza para pinchar al tripartito donde más les doliera. Pablo Ruz y Manoli Mora lo explicarán un día de estos, porque no es todo lo que parece ni parece lo que es del todo.

Y ya que ha surgido el tema del IBI, anoto en la libreta esa llamada a la rebelión fiscal realizada por los populares. El principal grupo opositor, otrora gobernante, arenga a colectivos, asociaciones, entidades, clubes, peñas, grupos, grupúsculos, familias numerosas y ciudadanos particulares a alegar contra el trampantojo del gobierno, que lo presenta como bajada pero en realidad es una subida. Los populares han hincado el diente en la pantorrilla del tripartito (en una de ellas) y no están dispuestos a soltarla ni con agua caliente. El PP está muy comprometido con la defensa del contribuyente, hasta el punto de que sus ediles protagonizaron un abandono en diferido del Pleno de esta semana en el que se aprobó la bajada-subida. Es decir, iban a irse pero se quedaron hasta que se levantó la sesión y entonces sí que se fueron de verdad en señal de protesta. Así, con contundencia. Ánimo.