La Subdelegación ya avisó una semana antes de que la elección de pedáneos era ilegal

El equipo de gobierno conocía desde el 26 de octubre que la Subdelegación estaba en contra del proceso de elección de alcaldes pedáneos y no el día antes de la votación, como ha mantenido. Según el Partido Popular, así lo prueba un primer escrito registrado en el Ayuntamiento ese día, la semana antes de los comicios, en el que el organismo provincial ya advertía al tripartito de que el decreto que regula dicho proceso «contraviene el ordenamiento jurídico», como el pasado día 6 reiteró.

Los populares recibieron ayer el citado documento por parte del Consistorio como respuesta a las peticiones de información, escritas y verbales, que sobre la legalidad el procedimiento han venido planteando al tripartito desde septiembre.

En ese informe, la Subdelegación de Gobierno reclamaba al Ayuntamiento documentación relativa a ese decreto y argumentaba, en base a varios artículos de la Ley Electoral, que la elección solo hubiese estado justificada si fueran entidades locales menores, que no es el caso de las pedanías, y, en todo caso, se hubiera tenido que realizar al mismo tiempo que los comicios municipales.

Unas advertencias de las que, según dijo en su día el edil de Participación, Felip Sànchez, tuvieron conocimiento el día anterior a la consulta, el pasado viernes, vía fax, y no antes. De hecho, fue entonces cuando encargaron a los servicios jurídicos un informe para determinar si era preciso anular el decreto, tal y como solicitaba la Subdelegación, en ese segundo escrito, tras conocer el realizado por la Abogacía del Estado, también contraria al proceso.

Para el PP esta circunstancia denota «falta de transparencia», consideraron que «no solo ocultaron este escrito, si no que siguieron adelante con un proceso que no tenía garantías legales y en el que han gastado más de 15.000 euros».

Recordaron que el 26 de octubre tuvo lugar un Pleno y que no se dio cuenta de este escrito en el apartado del orden del día sobre la correspondencia, como opinan que debería haberse hecho por parte del equipo de gobierno. «Es gravísimo esconder este informe y tampoco mostrar un informe del secretario que demostrase que las elecciones contaban con todas las garantías legales», agregaron.

Los populares consideraron contradictorio que el gobierno local manifieste de forma reiterada su apuesta por la transparencia y la participación «y son los primeros que incumplen las normas en este proceso». Declararon que «ocultar este escrito a la oposición es grave, pero más grave es gastar dinero público en un proceso contrario a la ley».

Información oficial

El concejal de Participación volvió a hablar del asunto ayer, tras ser preguntado por la denuncia de los populares. Sànchez incidió en que en ese primer escrito la Subdelegación solicitaba de forma oficial la documentación sobre el decreto y el proceso, en principio, una actuación «normal entre administraciones», pero cuestionó en base a qué información se pronunció en ese mismo documento sobre la legalidad de la votación. Y recordó que todo partió de la denuncia de un particular, que fue pedáneo durante el mandato de la exalcaldesa, Mercedes Alonso.

Además, subrayó que en él no se pedía la anulación del proceso, como en el caso del segundo informe, «simplemente información oficial», dijo, y rechazó que este escrito se haya «ocultado» por parte del equipo de gobierno. Señaló que, de ser así, no se le habría remitido al grupo municipal del PP. Aunque admitió que se les mandó con ciertos días de retraso por un problema interno de personal.

Reiteró, como dijo en su día, que ese segundo informe llegó al Ayuntamiento vía fax y por escrito no se registró hasta el lunes. Ese día, después de la votación, en la presentación del balance de la consulta, desde Compromís ya indicaron que el decreto no tenía un carácter vinculante, por lo que su anulación, de producirse, como pedía la Subdelegación en su segundo escrito, no tendrá consecuencias a efectos prácticos.

La concejal de Relaciones Institucionales, Mireia Mollà, achacó el informe a una «maniobra de boicot de determinadas fuerzas políticas que no entienden los valores de la democracia participativa».