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María Teresa Bolívar
Sábado, 16 de enero 2016, 00:56
La polémica sustitución en el servicio de transporte sanitario de la ciudad fue objeto ayer de un nuevo capítulo protagonizado por la edil de Sanidad, Cristina Martínez. La portavoz de Ilicitanos por Elche volvió a la carga con nueva documentación para probar que la rescisión del convenio con DYA no se ha debido a «razones de índole personal», como se le acusa «falsamente», sino a instancias de informes técnicos, tal y como apuntó.
Cuarenta y ocho horas después de que dicha entidad hiciera público un comunicado denunciando ser objeto de una campaña de «odio y persecución» por parte de Martínez, la edil compareció en rueda de prensa y aseveró que tiene pruebas de que DYA pasó al Ayuntamiento facturas por servicios que ya contemplaba el convenio, lo que pudo provocar el cobro por duplicado de dinero de las arcas municipales, denunció.
Una cuestión que los servicios municipales están investigando, dijo, por si el consistorio estuviera en disposición de reclamar esas cantidades, correspondientes a los últimos siete años, un montante que la edil no supo cuantificar.
La regidora señaló que el pasado mes de junio, la Junta de Gobierno Local suscribía una propuesta de la interventora municipal sobre «la tramitación de facturas de forma repetitiva con determinados proveedores y sin formalizar ningún contrato», en la que indicaba que el procedimiento normal para realizar un gasto debía ser «el de contratación administrativa». Esta fue la razón por la que la portavoz de Ilicitanos por Elche planteó cambiar el convenio de DYA por un contrato a través de un concurso público -que está por convocar-, alegó.
En los últimos siete años, la asociación de voluntarios «ha facturado al Ayuntamiento 554.000 euros, teniendo en cuenta tanto las cantidades previstas en los convenios como los servicios contratados fuera de esa regulación», aseguró la edil de Sanidad, quien señaló que incluyendo las labores realizadas para Visitelche -el organismo autónomo de Turismo- el montante para ese periodo superó los 2.500.000 euros.
Martínez reiteró, una vez más, que DYA «incumplía el convenio», al no contar con «personal cualificado» y «no activar» el retén de la Ciudad Deportiva que, según la responsable del área, era una de las funciones que debía llevar a cabo en el marco del acuerdo municipal.
Asimismo, entre la documentación que exhibió la concejal figuraba un escrito del secretario municipal en el que indicaba que «no consta documento alguno de cesión de las instalaciones de Mesalina a favor de DYA». La portavoz de Ilicitanos indicó que la entidad ocupó dichos locales «gratuitamente, sin pagar los gastos de luz y agua que corrían a cargo del Ayuntamiento». En este sentido, denunció que su coordinador, Antonio Tarí, utilizó estas dependencias «como domicilio social para una empresa privada».
«Seguimiento exhaustivo»
Precisamente el concejal de Turismo, Fernando Durá, del mismo grupo municipal, intervino en la comparencia ante los medios, a la que también acudieron varios miembros de su departamento, así como integrantes de la Protectora de Animales. El edil anunció que DYA seguirá prestando el servicio de socorrismo en las playas por dos años más, como contempla el contrato, pero advirtió de que se realizará «un seguimiento exhaustivo» de su cumplimiento.
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