Hacienda afirma no tener informes sobre irregularidades de DYA

La suspensión por parte del equipo de gobierno del convenio que el Ayuntamiento mantenía con la asociación DYA sigue coleando. El grupo municipal popular anunció ayer la inexistencia de informes relativos a irregularidades de la entidad que prestaba el servicio de emergencias en la ciudad hasta el pasado 31 de diciembre.

Un extremo que, según la edil popular Erica Sánchez, les trasladó verbalmente la edil de Hacienda, Ana Arabid, quien ayer confirmó a este diario que no hay informes ni de Intervención ni de Secretaría que recojan irregularidades sobre el servicio que llevaba a cabo DYA. Todo este capítulo se generó a raíz de que los populares solicitaran al consistorio información sobre las supuestas ilegalidades en las que había incurrido la asociación, tanto por presuntos pagos duplicados como por incumplimiento del convenio, que denunció hace dos semanas la concejal de Sanidad, Cristina Martínez. La petición del PP se realizó considerando que las acusaciones de esta última edil se basaban en los citados informes, que han resultado inexistentes.

Fue entonces cuando recibieron un listado de las facturas pagadas a DYA por el Ayuntamiento desde el año 2007 que, tal y como anunciaron, revisarán en los próximos días. Desde el PP instaron a Martínez a denunciar ante los tribunales el caso «si tiene pruebas de alguna irregularidad». Precisamente, según pudo saber este periódico, fue la concejal de Sanidad quien propuso ayer, fuera del orden del día de la Junta de Gobierno, una investigación por parte de la asesoría jurídica para esclarecer si han existido irregularidades en el servicio de DYA, un planteamiento que salió adelante sin necesidad de votación. Una propuesta de la que no se dio parte en la posterior comparecencia ante los medios de comunicación sobre los asuntos tratados en la reunión de este órgano.

Taller de respiro familiar

El grupo municipal popular también mostró su preocupación por los talleres de respiro familiar, tras dos fines de semana sin ser impartidos a causa de la rescisión del contrato con DYA. Además, Sánchez criticó que la edil de Bienestar Social, Teresa Maciá, pretenda ponerlo en marcha ahora con el mismo personal que estaba contratado con la mencionada asociación, después de anunciar que el programa pasaría a cargo de trabajadores de la concejalía, «algo que no se ha cumplido», incidió.

Por ello, solicitó «seriedad a la hora de trabajar en este aspecto por parte del tripartito» y aseveró que con su forma de actuar en este asunto «demuestran que hacen las cosas sin rumbo, sin comprobar las consecuencias en este caso para personas con discapacidad y sus familias y sobre todo sin sentido ni planificación».

Exigió una explicación de la responsable municipal sobre «cómo se va a contratar a las mismas personas que ya estaban prestando el servicio, la razón por la cuál se les retiró el servicio argumentando que debían realizarlo profesionales y no voluntarios y ahora quieran contratar a las mismas personas».

Asimismo insistió en que desde Bienestar Social «dijeron que tenían el beneplácito de los padres pero hay que destacar que un grupo de familiares presentaron un escrito ante el consistorio quejándose de la forma de gestionar este servicio». Según precisó, la carta de los padres recoge su malestar «por no haber tenido en cuenta su opinión sobre el servicio». Desde el PP invitaron a los responsables municipales a asistir a algunos de los talleres «para conocer el perfil de usuarios y de los trabajadores antes de tomar esta decisión».

Desde el grupo Popular reclamaron al tripartito que se trabaje «de forma seria y comprometida en este tipo de acciones», huyendo de «decisiones a la ligera». Agregaron que un servicio no puede dejar de prestarse, sobre todo a un colectivo vulnerable, «por capricho de un equipo de gobierno».