La juez pide informes sobre la planta de residuos de Abornasa en Crevillent

La juez que investiga supuestas irregularidades relacionadas con la planta de residuos de Abornasa en Crevillent ha reclamado diversos informes a la Generalitat, en una causa en la que el alcalde de la localidad, César Augusto Asencio (PP), y el ayuntamiento se han personado como denunciados.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Elche, Iris Valero, ha ordenado a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que le remita el expediente sobre la planta y ha pedido al Departamento de Ecotoxicología que elabore un informe pericial sobre los posibles daños medioambientales en el entorno donde se ubica la instalación.

La investigación judicial se inició en marzo del pasado año a instancias de la fiscalía por una denuncia previa de Esquerra Unida (EU) y persigue esclarecer si se cometieron delitos de prevaricación y contra el medio ambiente en la adjudicación del contrato para el tratamiento de residuos y el desarrollo de esta actividad.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Elche declaró ilegal la planta de Abornasa en septiembre tras determinar que se ubicaba en un suelo de especial protección por estar catalogado como parque natural, en el paraje de El Hondo, y que el contrato se había adjudicado sin la preceptiva autorización ambiental.

En su día, el alcalde de Crevillent ya sostuvo que había adjudicado el contrato tras disponer de los correspondientes informes técnicos favorables y atribuyó la denuncia a la animadversión hacia él del antiguo interventor municipal, Fernando Urruticoechea, cuyos reparos al expediente sirvieron de base a las acusaciones de EU.

Según esta versión, la planta se sitúa "fuera del perímetro de protección" del parque natural y lleva en esa misma ubicación "más de cuarenta años" con diferentes permisos, aunque el fallo de lo Contencioso-Administrativo determinó que éstos habían caducado.

En su providencia del pasado diciembre, la juez instructora también reclama precisamente esa sentencia y ordena al actual interventor de Crevillent que le envíe un informe detallado "referido a las posibles irregularidades detectadas en el ámbito de la contratación entre el ayuntamiento y Abornasa desde el 28 de diciembre de 1996", fecha en la que se firmó el primer pliego de condiciones del contrato.

Igualmente, requiere al alcalde y al propio consistorio que se personen en el procedimiento "como denunciados y responsables civiles" en relación a los delitos de prevaricación y contra el medio ambiente, lo cual ya ha sucedido.

Asencio firmó un decreto el pasado diciembre por el que designó a un mismo abogado colegiado en Elche, José Luis Talens, y a dos procuradores para ejercer tanto su defensa como la del ayuntamiento.

Ese hecho ha sido criticado en declaraciones a Efe por fuentes del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC), una asociación personada en la investigación como acusación popular y que ya ha anunciado su intención de pedir la imputación del primer edil.

"En las instituciones públicas es necesario que sus integrantes sean un ejemplo de cara a la sociedad y que no exista la sombra de la duda ni el debate sobre si sus comportamientos pueden ser corruptos o faltos de la ética necesaria para su desempeño", aseguran desde el Obervatorio, en un comunicado.