El PP exige a Cristina Martínez que dimita por el contrato «irregular» de la ambulancia

Un día después de que el gobierno local anunciara la suspensión del servicio de ambulancia municipal por razones económicas y de duplicidad de recursos, los partidos de la oposición criticaron duramente la forma de actuar de la edil de Emergencias, Cristina Martínez, en este asunto. Desde el grupo popular exigieron ayer la dimisión de esta última, al considerar que el contrato suscrito por el Ayuntamiento con la empresa que durante un mes ha prestado el servicio es «irregular», una postura que han venido manteniendo en las últimas semanas al denunciar «el incumplimiento» de aspectos como el funcionamiento del vehículo «24 horas», contrariamente a lo que se anunció.

El portavoz adjunto popular, Vicente Granero, recordó que la ciudad disponía de un servicio de ambulancias desde el 2003 y hasta el pasado 31 de diciembre mediante convenios con DYA, que se eliminó por «capricho político» de Martínez, quien, según el PP, argumentó presuntas «irregularidades que el tripartito no ha demostrado».

En este sentido, mencionó que desde el 1 de enero se sustituyó por «un servicio mucho más caro, adjudicado de forma irregular y que solo contemplaba el gasto de 18.000 euros». Además, destacó que su grupo municipal solicitó al equipo de gobierno local, hace más de una semana, el coste real de la ambulancia y personal, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta. Según los populares, la concejal de Hacienda, Ana Arabid, sí les remitió un escrito «en el que se desvincula de dar explicaciones».

Granero aseveró que, en caso de no dejar Cristina Martínez sus responsabilidades municipales y no dar el tripartito explicaciones, el alcalde, Carlos González, «debería dimitir». En su opinión, el Ayuntamiento «está escondiendo datos» y «ha sobrepasado el coste del servicio», un «exceso» que «deberá ser asumido por los responsables políticos».

Asimismo el portavoz de Ciudadanos, David Caballero, culpó a Martínez de que la ciudad «se quede sin servicio propio de emergencias», una situación que achacó a «su capricho». Criticó su «sospechosa precipitación» a la hora de realizar el cambio en la titularidad del servicio. A su juicio, tampoco salen las cuentas. «El coste diario ascendería a 888 euros, por lo que durante los 40 días que ha estado activo habría superado los 18.000 euros», agregó.

También desde Podemos pidieron ayer explicaciones al tripartito. Por su parte, Martínez, a través de un comunicado, insistió ayer en que la anulación del transporte sanitario municipal se debe a que «se estaban duplicando servicios». El alcalde, al ser preguntado por este asunto, aseguró que la edil es la «persona más apropiada para dar las explicaciones» y reiteró que el servicio no se podía seguir prestando «por razones económicas y de demanda».