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ALBA M. GARCÍA
Martes, 23 de febrero 2016, 02:16
El alcalde, Carlos González y la concejal de Bienestar Social, Tere Maciá, se reunieron ayer con miembros del colectivo de la Plataforma Afectados por las Hipotecas (PAH), para tratar los temas fundamentales que afectan a los ciudadanos que se enfrentan a un desahucio o a una ejecución hipotecaria.
Maciá aseguró que en la reunión se mostró el compromiso municipal de continuar con la «eliminación» de los desahucios en el municipio. Además, se abordó la posibilidad de que las personas afectadas puedan acceder a viviendas con alquiler social y la aplicación de las ayudas por pobreza energética.
En este encuentro, ambos responsables municipales también informaron sobre los resultados obtenidos de las conversaciones mantenidas con los decanos de los procuradores y abogados y la decana de los jueces sobre este mismo asunto.
Estos encuentros el estudio de un convenio que trate de prevenir las ejecuciones hipotecarias y que, a la vez, los Servicios Sociales emprendan las acciones necesarias para que los ciudadanos puedan acceder a viviendas y no quedarse en la calle sin ninguna ayuda.
La concejal valoró el «esfuerzo» que está haciendo la PAH en favor de las personas que se encuentran en esta situación, y afirmó que «desde que desempeñamos el gobierno, estamos trabajando para dar respuesta al derecho de la vivienda recogido en la Constitución». También señaló que en los últimos cuatro años, con el Partido Popular «no hubo política municipal para abordar esta problemática social».
Dijo la concejal que es un compromiso del actual gobierno «dar respuestas a las reivindicaciones planteadas por la PAH, que sabemos que se hacen eco de las necesidades que tienen muchos ilicitanos.»
En cuanto a las viviendas sociales, González y Maciá trasladaron a la PAH que continuarán las negociaciones con los bancos para promover el Fondo Social de Viviendas, a través del acuerdo firmado con la Conselleria.
Un acuerdo en el que se establecen unas bases para poder hacer frente a las necesidades de más de 250 familias ilicitanas. Además, en la reunión debatieron la falta de suministro de agua y de luz.
Una vivienda digna
Por otro lado, la portavoz de la PAH, Nuria Álvarez, afirmó que el objetivo de la reunión fue «mostrar al alcalde y a la concejal de Bienestar Social nuestra valoración sobre el trabajo que hemos hecho desde que entraron en el gobierno», ya que consideró de «insuficiente» el esfuerzo por parte del Ayuntamiento.
Álvarez destacó que en julio de 2014 los socialistas presentaron en el Pleno de ese mes, una moción en la que recogía la aprobación de la paralización de desahucios, la dotación de viviendas sociales y la garantía de los suministros básicos, objetivo que a su juicio no se han cumplido.
Argumentó que «de las viviendas que nos prometieron, solamente se han dado tres y una de ellas, una mitad la paga el consistorio». La portavoz criticó que «lo que queremos desde la PAH es que el Ayuntamiento no pague la otra parte de alquiler», sino que sean los bancos quienes lo asuman.
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