Ilicitanos critica el «cambio radical» de postura del tripartito sobre el Mercado

El grupo municipal de Ilicitanos por Elche reclamó ayer explicaciones al equipo de gobierno por su «cambio radical» de postura sobre el Mercado Central, un día después de que la empresa adjudicataria del proyecto presentara los últimos informes pendientes y comenzara la cuenta atrás para que el tripartito decida sobre la actuación. La formación dirigida por Cristina Martínez, e integrada en la Plataforma Salvem el Mercat, criticó que en los meses previos a las elecciones los partidos que integran el ejecutivo calificaran dichas obras de «pelotazo» y «proyecto ilegal».

Incidió en que el alcalde, Carlos González, antes de ser investido, «recordó públicamente a la empresa adjudicataria que cinco de las seis formaciones políticas con representación municipal eran contrarias al modelo de mercado adjudicado» y resaltó que, antes de las elecciones, el PSOE «llegó a denunciar el incumplimiento del PGOU en la instalación del mercado provisional».

Asimismo arremetió contra Compromís per Elx, alegando que «llegó a afirmar que pararía el proyecto si llegaba al gobierno para impulsar la rehabilitación del edificio existente». Y también hizo hincapié en que el Partido de Elche opinaba que el proyecto era «ilegal» y defendió la celebración de una consulta popular para decidir la actuación.

Martínez argumentó que su formación es la «única» que ha mantenido su postura y reclamó de nuevo la rehabilitación del inmueble.

Pareja culpa al PP

Por su parte, el portavoz del Partido de Elche, Jesús Pareja, consideró que la polémica sobre el proyecto del Mercado Central es fruto de «cómo gestionó el Partido Popular esta situación».

Aseguró que el tripartito «nos hemos encontrado con un cepo jurídico gigante que no nos podemos saltar» y agregó que el PP «nos ha entregado esto atado con unas cadenas». Por ello, manifestó el compromiso del ejecutivo de llegar «al mejor acuerdo posible» y como sus socios de gobierno, PSOE y Compromís, se mostró en contra de pagar una indemnización millonaria a la empresa adjudicataria para paralizar el proyecto.