El CJC falla que el proyecto del Mercado es legal y aboca al tripartito a desbloquearlo

La última posibilidad del tripartito de paralizar el proyecto del Mercado Central se ha esfumado después de que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) se haya pronunciado a favor de la legalidad del contrato firmado por el anterior gobierno municipal, del PP, con la empresa adjudicataria de las obras, Aparcisa.

El órgano autonómico considera que la «polémica» cláusula referida a que, una vez concluya la concesión, a los 40 años, la mercantil se quedará en propiedad dos de las plantas de aparcamiento del nuevo edificio, «se ajusta a derecho».

De esta forma, aclaró las dudas del tripartito sobre si estos dos pisos también deberían revertir a propiedad municipal transcurrido ese plazo, una incógnita que motivó el planteamiento de la consulta por parte del equipo de gobierno municipal, primero a una institución estatal, la Junta Consultiva de Contratación Estatal, que derivó el caso al Consell Jurídic Consultiu, de ámbito autonómico.

Los tres socios del ejecutivo local ya barajaban esta respuesta, pese a ello ayer los concejales que comparecieron públicamente para anunciar la nueva situación lo hicieron con caras largas. La postura más escéptica desde que comenzó el proceso de consulta fue la de Compromís, cuya portavoz, Mireia Mollà, dejó caer en varias ocasiones que la ideología de los integrantes de dicho consejo condicionaría la respuesta a la petición de aclaración, dando por hecho que el Consell Jurídic avalaría la legalidad del contrato.

No obstante, aunque el fallo ya se esperaba y el informe no es vinculante, el tripartito se comprometió de antemano a seguir adelante o no con el proyecto dependiendo del resultado de la consulta. Este tema se abordó ayer en la Junta de Gobierno Local y, tal y como admitieron los concejales de los tres grupos políticos, vista la resolución, habrá que dar un paso adelante, en este caso, iniciar las negociaciones con los 14 placeros que todavía están en el antiguo edificio del Mercado Central para llegar a un acuerdo y desalojar el inmueble, con el fin de ponerlo en manos de la empresa adjudicataria y desbloquear el proyecto.

De esta forma, la mercantil podrá iniciar las catas arqueológicas bajo el antiguo edificio, autorizadas por la Conselleria de Cultura y previas a su derribo, que determinarán la continuidad del proyecto, en función de los restos arqueológicos que aparezcan durante las excavaciones.

El edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, arremetió contra el Partido Popular y aseguró que durante su mandato debería haber puesto dichas instalaciones municipales a disposición de Aparcisa «para dar cumplimiento a lo recogido en el contrato». En este sentido, aseveró que el expediente del Mercado Central «ha estado plagado de numerosas dudas, que nos han llevado a tener que deshacer bastantes entuertos». No quiso dar plazos para el desalojo del inmueble y comentó que se iniciará de forma inminente la negociación con los vendedores.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, resaltó que se trata de un «un tema muy delicado», «nosotros vamos a actuar de otra manera, de forma prudente», en referencia a la gestión del anterior gobierno del PP, y pidió «un poco de paciencia». No quiso adelantar cuáles serán las propuestas que pondrán encima de la mesa para llegar a un acuerdo con los placeros, que en su día rechazaron el traslado a otros mercados municipales.

Desde el Partido de Elche, Jesús Pareja, lamentó que «nos vemos condenados» a continuar con el proyecto y recordó que el tripartito abogaba por una rehabilitación del edificio del Mercado.

«Un revés», según el PP

La réplica del grupo municipal popular sobre las novedades en torno al proyecto del Mercado Central no se hizo esperar. La portavoz, Mercedes Alonso, consideró que fue «un revés» para el tripartito la respuesta del Consell Jurídic. Agregó que el informe «es un nuevo varapalo» para el equipo de gobierno, «que lleva más de un año poniendo palos en la rueda», y opinó que «da la razón a la buena gestión del PP por un proyecto beneficioso para la ciudad».

Alonso exigió al ejecutivo local que «cumpla» con el proyecto «dejen de gastar los 6.000 euros al mes que supone el mantenimiento del Mercado». Consideró que el proyecto se está demorando en parte por «problemas internos del tripartito».

Por su parte, los vendedores del mercado provisional aplaudieron que el proyecto siga adelante y «la legalidad se imponga».