Un plan para formalizar en tres meses casi mil valoraciones de dependencia

La edil de Bienestar Social, Teresa Macià, explicó ayer que está impulsando un plan para que en los próximos tres meses se formalicen cerca de mil valoraciones de dependencia «imprescindibles» para poder percibir ayudas económicas o tener asistencia domiciliaria.

Según los datos proporcionados por la concejala, «varias» de estas valoraciones están pendientes desde 2011. Así, en torno a 700 se han «heredado» de la legislatura anterior y unas 200 están aplazadas desde el pasado mes de marzo.

Para llevar a cabo el plan se habilitará a funcionarios especializados cuyos puestos serán cubiertos de forma temporal con contrataciones de trabajadores sociales que hayan realizado los correspondientes cursos de formación.

De esta forma, desde el Ayuntamiento se pretende resolver casos de necesidad. Algunos ya se han tramitado ante la Conselleria, pero se encuentran a la espera de que pase el valorador por el domicilio de los afectados con el objetivo de corroborar la situación de dependencia y emitir el preceptivo informe.

En la actualidad, el Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD) diferencia tres grados de dependencia contemplados en el artículo 26 de la Ley. El primero de ellos es el moderado y se otorga cuando la persona necesita ayuda para realizar actividades de la vida diaria al menos una vez al día o precisa de apoyo intermitente o limitado para lograr autonomía. El segundo refiere a una dependencia severa. En este caso, la asistencia es necesaria dos o tres veces al día, pero sin llegar al punto de requerir un cuidador permanente. En el tercero, los afectados, debido a su pérdida total de autonomía, exigen la atención continua o generalizada de otra persona.

La medida adoptada por la Concejalía de Bienestar Social viene precedida por unas declaraciones que Macià realizó el pasado 2 de mayo. Aquel día señaló que era «imposible» afrontar los 700 casos de valoración de dependencia existentes en el municipio hasta la fecha por la sobrecarga que suponía para los trabajadores sociales. Ahora, gracias al aumento de la dotación presupuestaria de la Conselleria y el consecuente incremento del personal, el equipo de gobierno ya se ve capaz de afrontar a corto plazo la tramitación de las valoraciones pendientes.